El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, enfrenta nuevamente problemas judiciales, a casi dos meses de haber sido indultado por el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski por razones humanitarias de salud.

Fujimori salió en libertad después de pasar 12 años de prisión de una condena de 25 años como autor mediato de la muerte de 25 personas en dos operativos antisubversivos en 1991 y 1992 en Barrios Altos y la universidad La Cantuta.

Pero ahora el exautócrata deberá enfrentar nuevamente la justicia, luego que un juez de la Sala Penal Nacional de la justicia penal decidiera procesar al expresidente por el caso Pativilca, donde murieron seis personas en 1992.

Fujimori nuevamente es acusado como autor mediato de de homicidio calificado (asesinato) y contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, consignó diario El Comercio de Perú.

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Asesinato de Campesinos

El caso se remonta a 1992 cuando miembros del grupo paramilitar Colina secuestraron, torturaron y asesinaron a seis campesinos del mencionado distrito de Pativilca (centro de Perú), luego que las autoridades alertaran sobre presuntas actividades terroristas en la región.

Uno a uno, los encapuchados los arrastraron, los golpearon y los subieron a vehículos en medio de la apacible noche de verano de Pativilca. Los testimonios de los testigos (hijos y esposas de los asesinados) coinciden en que los comandos llevaban ropa oscura y que utilizaron desmedida violencia. Sus cuerpos no han aparecido.

Los seis ejecutados por este comando militar fueron: Jhon Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felando Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29).

Durante años se responsabilizó por este crimen a la organización terrorista Sendero Luminoso, hasta que en 2006 antiguos integrantes de Colina reconocieron haber cometido los crímenes, aclarando que “estos (asesinatos) no se cometían sin la aprobación de sus superiores”.

De acuerdo a la investigación efectuada por el fiscal Luis Landa, las ejecuciones realizadas por el grupo paramilitar Colina siempre se efectuaban bajo las órdenes de Fujimori, quien durante su gobierno implementó una política de ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de colaborar o integrar grupos terroristas.

Desde el entorno del exgobernante han señalado que ya le comunicaron la noticia sobre el nuevo proceso en su contra y su abogado, Miguel Pérez, afirmó que buscarán una impugnación a la decisión del tribunal.

“Voy a consultar con el señor Fujimori. Ahora en términos legales lo que puede proceder es una impugnación para que en doble instancia se resuelva en forma definitiva. Le comuniqué por teléfono la noticia (al expresidente). Está en absoluta calma”, dijo el abogado del exgobernante, Miguel Pérez, al canal RPP.

“Son 24 los que están implicados en esta causa y todos están en estado de comparecencia simple. Lo que significa (la decisión del tribunal) en términos concretos es que simplemente el juicio va tener a Fujimori como uno de los acusados”, agregó.

¿Por qué se le juzgará ahora?

Pese a que la confesión de los exmiembros de Colina fue hace más de 10 años, Fujimori recién comenzará a ser juzgado por este caso durante el presente año, a causa de su proceso de extradición.

El acuerdo entre Chile y Perú, establece que la persona extraditada sólo puede ser juzgada si es que al solicitud es aprobada por sus fueros judiciales, por lo que la extradición de Fujimori en 2009 fue exclusivamente para ser procesado por las matanzas de Barrios Altos y la universidad La Cantuta.

Sólo en 2015, el gobierno de Perú aprobó enviar una solicitud a la justicia chilena para ampliar la extradición de Fujimori por el caso Pativilca.

Sólo en junio de 2017, la Corte Suprema aprobó ampliar la extradición de Fujimori por este caso, por lo que recién los organismos peruanos comenzaron las indagaciones.

Curiosamente, este mismo “retraso” permitió que el caso no haya sido incluido en el indulto otorgado por Kuczynski al exautócrata, pues estaba fuera de los plazos que entrega el beneficio presidencial.

Fujimori arriesga nuevamente 25 años de prisión, en un caso que está caratulado como delito de lesa humanidad y en donde está acusado junto a otras 23 personas, entre antiguos miembros del grupo paramilitar y de las Fuerzas Armadas.