El secretario general de la OEA, Luis Almagro, enfrentó duras críticas este viernes en Honduras, donde diversos sectores lo acusan de debilitar la lucha contra la corrupción emprendida por una misión del organismo continental, dirigida por el peruano Juan Jiménez Mayor.

Jiménez renunció la noche del jueves como jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), argumentando que Almagro se ha negado a recibirlo desde agosto.

El secretario de la OEA aceptó la renuncia en una carta “al pueblo hondureño” divulgada el viernes, en la que desmintió que se hubiera negado recibir a Jiménez.

Un día antes de la dimisión, Almagro envió una nota al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, en la que lamentó que la MACCIH no haya obtenido resultados en el combate a la corrupción.

“Será necesario fortalecer el funcionamiento de la MACCIH dado que, a pesar de haber tenido recursos y plena libertad de acción por parte de la secretaría general, no ha sido capaz de arrojar los resultados en cuanto a investigaciones y procesamientos por casos de corrupción que hubiéramos deseado”, señaló Almagro en la carta.

Tales comentarios fueron interpretados en Honduras como críticas directas a la labor del exministro peruano al frente de la MACCIH.

El influyente Colegio Médico de Honduras catalogó como “irresponsables” los señalamientos de Almagro contra Jiménez y denunció que “condenan a la muerte al pueblo hondureño”, al frenar el combate a la corrupción.

Monumental error del secretario general de la OEA, Luis Almagro, minimizar los esfuerzos y resultados del contingente de expertos anticorrupción que dirige Juan Jiménez Mayor en el país”, afirmó en un comunicado Omar Rivera, miembro de la no gubernamental Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

Los problemas de la MACCIH se agudizaron cuando en diciembre pasado, por una investigación de su equipo, la fiscalía acusó a cinco diputados de recibir dinero del gobierno para financiar proyectos sociales, y lo desviaron a sus cuentas personales.

Ante ello, el Congreso reformó en enero pasado una ley que retiró de la justicia ordinaria las investigaciones a diputados y las pasó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), lo que Jiménez tildó como un “pacto de impunidad”.

Más críticas

El presidente Hernández reveló en rueda de prensa que conversó con Jiménez antes y después de la renuncia y que le solicitó que “reconsiderara su decisión”.

“No podemos dejar que este esfuerzo que hemos comenzado se detenga”, añadió. “Es fundamental profundizar y seguir adelante con esta lucha”, recalcó.

En respuesta al presidente, Jiménez expresó que “es insostenible seguir trabajando sin el apoyo de la OEA”.

Unas 500 personas se concentraron la noche del viernes frente a las oficinas de la MACCIH, según estimaciones de la prensa, para manifestar su apoyo a Jiménez y acusar a Hernández de estar detrás de las gestiones con Almagro para obligarlo a renunciar.

Entre ellos estaban el excandidato de la izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura en las elecciones de noviembre, Salvador Nasralla, así como su coordinador, el derrocado presidente Manuel Zelaya, y otros líderes opositores.

Nasralla dijo a la prensa después de salir de una reunión con Jiménez que los opositores “hemos llegado a un acuerdo: solicitarle que reconsidere” su renuncia.

En tanto, Almagro afirmó en la carta de este viernes que Jiménez Mayor es objeto de una investigación interna por “irregularidades administrativas, malas prácticas y mal funcionamiento de la MACCIH”. La fiscal peruana Ana María Calderón estará a cargo de la transición, agregó.

Pero en Honduras se plantearon dudas sobre la continuidad de la lucha para erradicar anomalías en el manejo de bienes públicos con la partida de Jiménez.

La MACCIH fue creada en febrero de 2016 luego de que decenas de miles de personas salieran durante semanas a las calles a protestar por el saqueo de unos 330 millones de dólares de los servicios médicos y pensiones del Seguro Social.

Los manifestantes exigían que se creara un organismo de Naciones Unidas similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Hernández aceptó que parte de los fondos saqueados entraron al equipo de campaña que lo llevó al poder en las elecciones de 2013 y pidió a la OEA que creara el organismo.