El gobierno y la oposición de Venezuela iniciaron este viernes en Santo Domingo la segunda jornada de una nueva ronda de diálogo, marcada por la incertidumbre sobre la posibilidad de acordar condiciones para las elecciones presidenciales de este año.

El gobierno de Nicolás Maduro está representado por Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, y su hermana Delcy, presidenta de la Asamblea Constituyente oficialista; y la oposición por los diputados Julio Borges y Enrique Márquez, entre otros delegados.

En la reunión, que inició poco antes del mediodía en la Cancillería, participan el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y el exjefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y los representantes de Chile, México, Nicaragua, Bolivia, y San Vicente y las Granadinas, facilitadores.

Los enviados del gobierno de Nicolás Maduro y de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) estuvieron reunidos el jueves hasta casi la medianoche, tras iniciar la primera jornada con unas cinco horas de retraso.

“Estamos aquí con la mejor de las expectativas (…) para lograr un acuerdo de convivencia pacífica”, dijo el jueves Jorge Rodríguez, quien a su vez acusó a la oposición de pretender impulsar la “violencia política” en Venezuela.

Al saludar desde Caracas el inicio de la cita, Maduro dijo esperar “un acuerdo inicial” y haber dado “instrucciones precisas” para avanzar en los temas de “garantías plenas” para las presidenciales. “Que la oposición no tenga excusa para salir corriendo y buscar la violencia”, afirmó.

La principal exigencia de la MUD son garantías de transparencia para las presidenciales, previstas para fin de año y en las que Maduro, según sus colaboradores, buscará la reelección.

Analistas creen que, a través de la todopoderosa Constituyente, el gobierno adelantará los comicios para aprovechar la crisis de credibilidad y división que atraviesa la MUD.

Un hervidero

Mientras el gobierno y la oposición conversan bajo hermetismo en Santo Domingo, Venezuela es un hervidero: se multiplican las protestas por comida y los saqueos, que en los últimos días dejaron seis muertos, cuatro de ellos el jueves en Mérida (oeste), denunciaron diputados opositores.

Y es que la escasez de alimentos y medicinas se ha recrudecido de la mano de una inflación que se estima superó el 2.000% en todo 2017, según consultoras privadas.

“La situación económica es grave y el impacto en la población dramático. El acuerdo más importante que requiere el país en este momento es una estrategia para abordar la crisis y esto exige un cambio de modelo”, opinó el economista Luis Vicente León.

El analista advirtió que “no se puede esperar que de las negociaciones salga un acuerdo que garantice un cambio de gobierno”, pero sí “cambios en la conducta del gobierno”.

El empresario Jorge Roig, uno de los asesores de la MUD, lamentó que “el modelo económico” del país no esté en las discusiones, y aclaró que aunque el diálogo sirve para dirimir diferencias, no puede “garantizar resultados positivos”.

Piedras en el zapato

Una piedra de tranca es que la Constituyente ordenara a las principales fuerzas de la MUD -Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática- reinscribirse para poder disputar las presidenciales, porque se negaron a ir a los comicios municipales de diciembre denunciando un sistema comicial “fraudulento”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al oficialismo, fijó el proceso de validación para el 27 y 28 de enero.

El diputado opositor Luis Florido, uno de los negociadores, aseguró que el reconocimiento de los partidos, un nuevo CNE y la liberación de “presos políticos” -214 según la ONG Foro Penal-, son puntos esenciales para que el diálogo funcione.

Por su parte, el gobierno exige, entre otras cosas, el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, una iniciativa de Maduro que rige al país desde agosto pasado con poderes absolutos, y que es desconocida por varios países.