Los médicos de Bolivia desconocieron un acuerdo de dirigentes de su sector con el gobierno y decidieron continuar con una huelga en los hospitales públicos, que este miércoles cumple 42 días de conflicto en rechazo de una ley que penaliza su actividad por mala praxis.

Delegados de los galenos y varios ministros de Estado habían alcanzado un precario acuerdo para iniciar negociaciones en torno a la aplicación de la normativa, pero ello fue desconocido en reuniones de los colegios regionales de médicos, que optaron por continuar con la huelga.

Los médicos “están rechazando sus propias decisiones, expectativas y demandas”, deploró este miércoles el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero.

La decisión de suspender el diálogo fue interpretada por el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, como “una forma política”.

Luis Larrea, líder de los médicos en rebeldía, se preguntó si el gobierno “tiene un diálogo sincero, un diálogo honesto o directamente esto (la negociación) es para desinflar el movimiento” de huelga.

El acuerdo alcanzado tras dos días de negociaciones postergaba hasta 2019 la aplicación de una normativa contra la mala praxis que preveía multas, inhabilitación e inclusive cárcel para los galenos. Según los médicos, esa norma debería ser abrogada y no diferida su aplicación.

Mientras, el presidente Evo Morales anunció que urge cambios “duros pero necesarios” en el sistema de salud público y privado, lo que alertó más a los sindicatos de médicos.

Los profesionales tienen el apoyo de los estudiantes de medicina y de los trabajadores de hospitales públicos y consultorios privados, quienes, a lo largo de este tiempo de conflicto, se han enfrentado en numerosas ocasiones en las calles con la policía.

Según el gobierno, la huelga obligó a suspender al menos 10.000 cirugías en el país, por lo que demandó que se levante la medida “por razones humanitarias”.

Un Comité civil de Lucha Contra la Negligencia Médica estableció recientemente que en los últimos 25 años se han registrado en Bolivia unos 5.000 casos de mala praxis y que sólo 5% ha tenido una solución legal favorable a las víctimas, después de engorrosos procesos judiciales.