La decisión del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, de indultar a Alberto Fujimori, se ha convertido en el tema más comentado de las últimas semanas en América Latina, especialmente por el contexto que rodeó la situación.
El indulto al exdictador se dio a sólo horas de que Kuczynski se salvara de ser destituido de la presidencia, luego de que una moción de vacancia por “incapacidad moral” no lograra los votos suficientes en el Congreso, en parte por la abstención de Kenji Fujimori y otros 10 diputados de Fuerza Popular.
Tras su liberación, el propio Alberto Fujimori publicó un video desde la clínica donde se encuentra internado, agradeciendo el gesto de PPK y pidió “perdón” -nuevamente- por los actos cometidos en su gobierno.
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El octogenario estaba en prisión por varias sentencias desfavorables que lo condenaron a más de 25 años de prisión, consigna diario El Comercio de Perú.
“Vladivideos”
La primera condena es por un allanamiento ilegal hecho a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, uno de sus más cercanos colaboradores.
En esa ocasión, Fujimori ordenó a un militar suplantar al fiscal que debía realizar el allanamiento, en el marco de la investigación de los “vladivideos”, una serie de registros en VHS, donde Montesinos ofrecía sobornos a dirigentes políticos y empresarios.
Por este caso fue condenado a 6 años de prisión, en lo que sería su primera derrota judicial y ratificada en 2008 por el Tribunal Supremo.
Violación a los derechos humanos
Son las causas más conocidas por los que ha sido condenado el exgobernante peruano. Según las sentencias emanadas en 2009, Fujimori fue hallado culpable de una serie de matanzas y de aplicar crímenes de Estado de manera sistemática durante la lucha contra el terrorismo.
Fue juzgado y en abril de 2009 fue sentenciado a 25 años de cárcel por dos matanzas perpetradas por escuadrones de la muerte del ejército en “Barrios Altos” (15 muertos, incluido un niño) y “La Cantuta” (nueve muertos), así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
La sentencia de 266 páginas estimó que el autogolpe que realizó Fujimori en 1992 (disolviendo el Congreso), generó que todos los poderes del Estado se concentraran en él, incluyendo los servicios de inteligencia del ejército, acusados de llevar a cabo las matanzas en “La Cantuta” y “Barrios Altos”.
Pago a Montesinos
Otro caso adverso para Fujimori fue la acusación de apropiarse de 15 millones de dólares del Estado peruano, para pagarle una compensación por años de servicios a Vladimiro Montesinos y para que pudiera escapar del país,
Fujimori admitió haber pagado dicha cantidad a su colaborador con dineros públicos, aunque negó públicamente que existiera algún tipo de delito.
Fue condenado a 7 años de prisión, tras un juicio de sólo una semana, ya que Fujimori no tenía intenciones de alargar el proceso, por lo que se acogió a la “conclusión anticipada” del proceso.
Compra de editoriales y congresistas tránsfugas
En 2009, Fujimori sumó una cuarta condena, otra por corrupción, cuando fue hallado culpable del pago ilegal de sumas de dinero a un grupo de congresistas tránsfugas, espionaje a opositores, la compra de la cadena Cable Canal de Noticias y la línea editorial del diario Expreso.
El caso de los congresistas tránsfugas se refiere al pago de sobornos a un grupo de parlamentarios en 2001, para que Fujimori tuviera mayoría en el Congreso y pudiera jurar como presidente hasta 2005.
Nuevamente, el exdictador se acogió a la “conclusión anticipada”y aceptó los cargos de los cuales fue acusado.
Diarios Chicha
Como diarios/prensa chicha fueron conocidos algunos medios de comunicación sensacionalistas que surgieron en la década de los 80′ y tuvieron su apogeo en los 90′ en Perú.
A principios de 2015, Fujimori sumó su quinta condena, cuando fue hallado culpable de desviar fondos del ejército para financiar los denominados diarios chicha, bajo el delito de peculado en agravio del Estado, tras ser acusado de comprar las líneas editoriales de estos medios.
Para fortuna del octogenario, en agosto de 2016, la Corte Suprema absolvió a Fujimori de este último crimen.
