La justicia salvadoreña revisa este miércoles la condena a 30 años de prisión dictada en 2008 contra Teodora Vásquez tras sufrir un parto intempestivo, en una evaluación de la drástica ley antiaborto del país centroamericano.

Vásquez, quien está recluida en la Cárcel de Mujeres de San Salvador, enfrenta el proceso de revisión en una sala del Centro Judicial Isidro Menéndez de la capital, a donde acudieron en su apoyo activistas de los derechos de las mujeres que impulsan la despenalización del aborto en el país.

La revisión de su caso inició el viernes, pero el tribunal suspendió la diligencia debido a que la Fiscalía argumentó que necesitaba tiempo para estudiar el caso.

“Un tribunal no debe de dejarse guiar ciegamente por lo que dice un perito. (La) valoración de la prueba científica exige cuidado y prudencia. El Tribunal Segundo de Sentencia careció de sana critica cuando condenó a Teodora”, señaló en su cuenta de Twitter el abogado de la mujer de 34 años, Víctor Hugo Mata.

“Paga una condena injusta”

Activistas que llegaron al centro judicial gritaban “viva Teodora” y “que regrese con su familia”, mientras instalaban pancartas pidiendo al tribunal que anule la sentencia y libere a Vásquez.

Organismos internacionales como Amnistía Internacional apoyan a Vásquez, quien se ha declarado inocente del cargo por el que ha permanecido por casi diez años en prisión.

“Que me concedan mi libertad, porque soy inocente, porque tengo familia por quien luchar, porque tengo gente que me quiere y necesita que yo esté con ellos”, declaró el viernes.

“Ella está pagando injustamente una condena que nunca debió ser, no cometió delito alguno y eso se debe de reparar”, dijo a la AFP Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.

Vásquez se enfrenta a tres posibles escenarios ante el tribunal, que puede anular su condena, ordenar un nuevo juicio o ratificar la condena a 30 años de prisión.

Estaba inconsciente al ser detenida

El artículo 133 del Código penal salvadoreño establece una pena de 2 a 8 años por aborto.

Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida del bebé como “homicidio agravado”, un delito penado con 30 a 50 años de prisión.

Bajo la severa legislación, al menos 27 mujeres pobres que por emergencias obstétricas buscaron asistencia en hospitales públicos, quedaron detenidas acusadas de homicidio agravado y ahora afrontan penas de cárcel, en algunos casos hasta de 30 años.

Desde octubre de 2016, el Congreso de El Salvador estudia una propuesta para despenalizar el aborto en casos de violación, cuando está en riesgo la vida de la madre o por inviabilidad del feto.

El caso de Vásquez se remonta al 14 de julio de 2007, cuando a los nueve meses de embarazo tuvo una emergencia obstétrica mientras trabajaba de empleada en un colegio de San Salvador.

Vásquez desde el baño del colegio llamó al servicio 911 de emergencias para que la llevaran al hospital, y al no obtener respuesta sufrió una hemorragia severa y el bebé nació muerto.

Al localizar al bebé muerto, otro empleado del colegio avisó a la policía que patrullaba la zona y la mujer, aún en estado inconsciente, fue detenida.