Carmen Rodríguez
Para BioBioChile desde Estados Unidos
Ansiedad, incertidumbre y miedo agobian a los miles de migrantes centroamericanos que por más de 20 años han estado protegidos en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS.
Esta semana el gobierno estadounidense puso fin al programa para 2.800 nicaragüenses y dio un plazo de 6 meses para que se considere la renovación del mismo para 61 mil hondureños. Y se espera que en los próximos días Estados Unidos anuncie cuál será el destino de esta aplicación para 204 mil salvadoreños.
“Tenemos mucho miedo. Desde que ganó Trump vivimos en la incertidumbre. Si el gobierno decide terminar con el TPS para todos los que estamos amparados, este será un impacto negativo para Estados Unidos, para nuestros países, para nuestras familias y para nuestros hijos que nacieron en este país”, dijo Cecilia Martínez, salvadoreña con TPS.
Y es que debido a la situación de violencia, falta de oportunidades y la casi nula esperanza de tener un empleo digno que viven las personas en Honduras y El Salvador, la opción de regresar a sus países no es algo que los migrantes consideran si Estados Unidos decide poner punto final a este programa.
Para muchos y para los representantes de la organizaciones de apoyo a migrantes que trabajan en la nación norteamericana, la postura de cancelar y dar períodos límites para el TPS es la muestra oficial de lo que califican como la política anti inmigrante y racista del gobierno de Trump.
“Muchos sabíamos lo que venía, desde las elecciones. Esta administración está demostrando su verdadera cara y su verdadera postura. No nos quiere en este país, no quiere a los migrantes en este país”, dijo Carlos Ruíz, de New Sanctuary Coalition de New York.
Los mayores grupos de migrantes beneficiarios del TPS se concentran en las ciudades de Los Angeles, San Francisco (California), Nueva York, Nueva Jersey y Houston, en el estado de Texas
De acuerdo al último estudio realizado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Kansas y a la Alianza por las Américas, Estados Unidos perdería más de 468 millones de dólares en recaudación de impuestos anuales si cancela del TPS para los centroamericanos, y más de 428 millones de dólares en pagos de Seguro Social y Seguros médicos.
Impacto en los migrantes
“Nosotros amamos a nuestros países, queremos a nuestras familias, pero muchos tenemos más de 20 años de vivir en Estados Unidos y lamentablemente ya no somos parte de la vida allá. Nuestros hijos nacieron aquí, ellos no son parte de nuestros países”, dice la salvadoreña.
El TPS es un beneficio legal con el que fueron acogidos centroamericanos, haitianos y ciudadanos de otros países debido a condiciones extraordinarias como guerras, desastres naturales y otros eventos de carácter temporal.
El programa se abrió para los centroamericanos en la década de los 90 luego que la región fue duramente golpeada por tormentas tropicales y otros desastres naturales. Desde entonces, todos los inscritos al TPS tienen permiso de trabajo en Estados Unidos, no pueden ser detenidas, ni deportadas y se incorporaron a la vida productiva del país.
“Muchos de nosotros hemos construido nuestras vidas aquí. Tenemos empresas, pagamos nuestros impuestos… todos los que tenemos DACA y TPS nos hemos ganado con esfuerzo, trabajo y sacrificio el derecho de estar en este país, no le hemos quitado nada a ningún americano”, dijo Karina García otra migrante afectada por las medidas de la administración Trump.
La ansiedad crece para muchos que creen que en Centroamérica sus países no cuentan ni con la capacidad de responder al problema, en el caso que la administración Trump promueva deportaciones masivas de las personas que están en el limbo legal por la cancelación del TPS.
“Todos tenemos miedo de qué pueda pasarnos. Nuestros países no tienen las condiciones de superación, de seguridad que nosotros necesitamos. Sería fatal para nosotros si nos deportan, así como está la delincuencia, las maras (pandillas), las extorsiones… es un riesgo regresar”, dice García.
Y es que Honduras y El Salvador son los dos países de la región del Triángulo del Norte más afectados por la violencia de pandillas y el narcotráfico. Ambos países están en la lista negra de los países más violentos de América Latina, por el accionar de estos grupos criminales.