Indígenas que exigen el cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia y protección para sus comunidades liberaron este jueves a 17 policías que habían retenido en medio de una creciente protesta que desde el lunes deja 37 heridos, informó el jueves la Defensoría del Pueblo.
Una comisión humanitaria con participación de la propia Defensoría (ombudsman)y la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió a los uniformados “retenidos con su dotación por indígenas en (el departamento de) Risaralda” (oeste), informó en su cuenta de Twitter la entidad encargada de velar por los derechos humanos en Colombia.
Los policías estaban en poder de la guardia indígena desde la víspera, según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que tachó el hecho de “repudiable” y ha denunciado “agresividad” de parte de los comuneros.
Villegas había dicho más temprano que los indígenas tenían en su poder a 16 uniformados y que ya habían liberado a otro que estaba herido.
Además, añadió que 21 miembros de la institución han resultado lesionados desde el lunes, cuando inició la protesta que se agudizó en cuatro departamentos tras choques entre integrantes y fuerzas de seguridad.
La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en la que tienen representación las etnias del país, reportó que tres indígenas resultaron heridos este jueves en una movilización en el departamento del Cauca (oeste), con lo que ya son 16 los comuneros lesionados.
El acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla FARC, ahora desarmada y convertida en partido político, da prioridad al desarrollo rural en las zonas castigadas por el conflicto armado de más de medio siglo.
Sin embargo, los organizaciones que convocan las marchas denuncian con “preocupación” que “la violencia no para”.
“Hacemos un llamado de urgencia a todas las entidades e instituciones del Estado Colombiano” para que evidencien “los excesos denunciados en cabeza de la fuerza pública en contra de los pueblos indígenas”, expresó la comisión.
La semana pasada, un gobernador indígena fue asesinado en el departamento de Chocó (noroeste) a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) -última guerrilla del país según el gobierno- en medio del cese al fuego bilateral decretado en los diálogos de paz con ese grupo.
El crimen coincidió con una oleada de asesinatos de líderes sociales que deja 200 muertos desde enero de 2016, de acuerdo con la Defensoría.
Con el pacto con las FARC, los diálogos con el ELN y un proyecto de ley para someter a bandas criminales, Santos busca la “paz completa” para cerrar un conflicto de medio siglo que ha dejado 7,5 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
