La Cámara de Diputados de Brasil empezó a debatir este miércoles una segunda denuncia por corrupción contra el presidente conservador Michel Temer que, según todos los pronósticos, será bloqueada tal y como ocurrió con la primera en agosto.

Los analistas coinciden en que la votación, que debería culminar a fines de la tarde, verificará la solidez de la coalición oficialista, clave para que Temer pueda llevar adelante polémicas reformas reclamadas por los mercados, como la del sistema de jubilaciones.

La sesión empezó hacia las 09:30 locales (08:30 de Chile) en un ambiente caldeado por una quincena de legisladores de la oposición de izquierda, que llegaron al recinto con una pancarta con la leyenda “Fora Temer” (Fuera Temer) y coreando esa misma consigna.

El mandatario y dos de sus principales ministros -el jefe de la Casa Civil, Eliseu Padilha (una especie de primer ministro), y el Secretario General de la Presidencia, Moreira Franco- fueron acusados por la Fiscalía General de haber formado una “organización criminal” para expoliar al Estado.

Temer, de 77 años, sería el líder de esa organización, que habría recibido 587 millones de reales en sobornos (casi 190 millones de dólares al cambio actual).

El diputado oficialista Bonifácio Andrada, relator del caso en la Comisión de Ciudadanía y Justicia, pidió al abrir la sesión que los legisladores rechacen la denuncia de la Fiscalía, que consideró “infundada, mentirosa, vacía, falsa”.

El Partido de los Trabajadores (PT) y otras fuerzas opositoras anunciaron que intentarán obstruir o dilatar todo lo que puedan la sesión quedándose afuera del plenario, de modo que no se alcance el quórum mínimo para iniciar la votación.

Una eventual apertura de un juicio en el máximo tribunal implicaría la suspensión del presidente. Pero en la antesala de la decisión, hasta legisladores de la oposición reconocen que no conseguirán reunir el apoyo suficiente para derrotar al gobierno.

Generosas ‘dádivas’ a aliados

El jefe de Estado volvió a ponerse en los últimos días al frente de las negociaciones para asegurarse que la oposición no consiga la mayoría especial de 342 votos (dos tercios de los 513 escaños) necesaria para que la causa avance hasta el Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre las concesiones hechas para lograrlo, figura el retiro del lucrativo aeropuerto de Congonhas (Sao Paulo) de una lista de proyectos de privatizaciones y la reducción de multas por infracciones a la legislación ambiental.

Gran parte de esas medidas benefician a la “bancada ruralista”, que representa los intereses del agronegocio y cuenta con más de 200 diputados.

El diario O Estado de Sao Paulo evaluó este miércoles en 32.100 millones de reales el costo de las dádivas otorgadas a diputados entre junio y octubre para superar las denuncias, entre liberación de partidas presupuestarias y otras “bondades”.

En agosto, la cámara baja bloqueó la primera acusación por corrupción pasiva por 263 votos contra 227.

La nueva denuncia “será rechazada más o menos con el mismo número de votos que la primera. Y con esta votación vamos a estabilizar la política, porque no podemos cambiar de presidente como quien cambia de ropa”, dijo a la AFP el diputado Pauderney Avelino, del partido DEM (derecha).

“Estamos a menos de un año del proceso electoral y precisamos dar vuelta la página y enfocarnos de inmediato en la agenda económica”, agregó.

Sin embargo, en la víspera, el diputado José Guimaraes (PT) decía que este gobierno “no reúne más condiciones morales, institucionales o políticas para seguir gobernando Brasil”.

Temer, que era vicepresidente de Dilma Rousseff, la reemplazó cuando el Congreso abrió en mayo de 2016 un proceso de destitución (impeachment) contra la mandataria de izquierda, acusada de maquillar cuentas públicas.

El presidente pretende llegar ahora hasta el fin del mandato, el 1 de enero de 2019, pese a las acusaciones de corrupción que acorralan a su gobierno y a su impopularidad récord, con apenas 3% de opiniones favorables.

Cuenta hasta ahora con una mayoría en el Congreso, donde decenas de legisladores son también objeto de investigaciones judiciales, y el respaldo de los mercados, que aplauden su política de ajustes para enderezar las cuentas públicas y sacar al país de la peor recesión de su historia.

Entre las medidas más esperadas, figura la reforma del sistema de jubilaciones, que endurece las condiciones del retiro y genera fuerte resistencia incluso en la base oficialista.

Según los especialistas, Temer y su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, deberán contentarse con una reforma de poca monta dado el precio político que ella supone.

Tras esta votación, Brasil empezará de hecho a concentrar su atención en las elecciones generales de octubre de 2018, y el apoyo a Temer y sus reformas puede revelarse fatal para los legisladores que quieran ser reelectos.