Un policía murió y dos civiles resultaron heridos el sábado en medio de labores de erradicación de cultivos ilícitos en una región del sur de Colombia donde operan grupos disidentes de las FARC, informaron las autoridades.

En un primer incidente, una carga explosiva estalló en la ruta de un grupo de uniformados que posteriormente fueron hostigados con disparos de fusil en el municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, informó la Policía Nacional en un comunicado.

En el ataque falleció el patrullero Octavio Católico Camacho, de 24 años.

Posteriormente, dos personas dedicadas a la erradicación de narcocultivos resultaron heridas al activar “sin percatarse” una mina de fabricación artesanal durante una jornada apoyada por el mismo grupo de policías, explicó el comunicado.

Los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios.

“En la zona en la que se registraron los dos casos delinque un grupo del crimen organizado residual de las FARC”, señaló la Policía.

Casi 7 mil excombatientes de las FARC entregaron las armas y ahora están agrupados en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el nuevo partido político surgido tras el acuerdo de paz entre el gobierno y la exguerrilla.

El fin del enfrentamiento de medio siglo con las FARC destapó una lucha por el dominio de territorios y del negocio del narcotráfico que involucra a disidentes que se apartaron del proceso de paz, rebeldes del ELN -otro grupo guerrillero actualmente en negociaciones con el gobierno- y bandas de origen paramilitar.

El ejército calcula que al menos 300 rebeldes no se acogieron al pacto y alimentan grupos armados “residuales” que, según las autoridades, se dedican al narcotráfico, la minería ilegal y el reclutamiento de jóvenes.

A ellos se les atribuye no menos de siete ataques con cuatro muertos y 18 heridos en el último año en Guaviare.

Colombia es el principal productor y exportador mundial de cocaína. En 2016 unas 146.000 hectáreas de su territorio estaban plantadas con coca, según la ONU.

Presionado por Estados Unidos, el gobierno de Juan Manuel Santos tiene la meta de eliminar 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos para 2017, la mitad por erradicación forzosa y la otra mitad por sustitución voluntaria.

En el departamento de Guaviare, los campesinos cocaleros se quejan del abandono estatal y el gobierno intenta acabar con los sembradíos ilegales, que alcanzaban 6.838 hectáreas en 2016 según la ONU.