El Estado boliviano indemnizó a una ciudadana peruana, tras un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que consideró que la mujer fue sometida a un tratamiento quirúrgico de esterilización sin ser consultada, informó la Procuraduría General del Estado.
La procuraduría “realizó (un) Acto de Reconocimiento Público de Responsabilidad Internacional del Estado”, en cumplimiento a la instrucción de la CIDH, sobre la demanda presentada en 2007 por la ciudadana peruana, identificada por sus iniciales I.V., dijo el miércoles la entidad en un comunicado.
La mujer, quien vive en Bolivia como refugiada política desde 1994, fue sometida en el año 2000, cuando tenía 35 años, a una operación de trompas de falopio, en un hospital de La Paz, donde se internó para el nacimiento de su hijo.
La peruana aseguró que en el proceso de parto, un médico le practicó el procedimiento de esterilización, sin que ella hubiera dado su aprobación.
Durante el proceso en la CIDH, tanto el gobierno boliviano como el galeno involucrado señalaron que la mujer fue informada del tratamiento médico y que su ingreso al nosocomio fue de urgencia, además de que la ligadura de trompas se hizo para evitar futuros embarazos riesgosos.
Una fuente de la procuraduría informó que el monto cancelado fue de 50.000 dólares.
