El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, acusó el jueves al presidente Michel Temer de ser “líder” de un esquema “criminal” de corrupción, en el último acto de su gestión marcada por la Operación Lava Jato, que dinamitó a la clase política y empresarial del país.

Janot acusó igualmente al mandatario conservador de “obstrucción a la justicia”, por presuntas tentativas de evitar que un operador monetario firmase un acuerdo de delación premiada.

Entre los acusados hay otros seis importantes dirigentes del partido de Temer, el PMDB (conservador), incluyendo dos ministros de primer plano, Eliseu Padilha (jefe de gobierno) y Moreira Franco (secretario general de la Presidencia, a cargo del programa de privatizaciones).

La Presidencia no tardó en replicar, en un nuevo episodio de la guerra entre poderes que en los últimos años puso a prueba a la democracia brasileña.

“El fiscal general de la República prosigue su marcha irresponsable para encubrir sus propias fallas” con una denuncia “llena de absurdos”, afirmó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado.

Temer se convirtió en junio en el primer presidente brasileño en ejercicio en ser acusado de un crimen común, cuando Janot lo denunció por “corrupción pasiva”, como presunto beneficiario de un soborno de 500.000 reales (unos 150.000 dólares) del gigante de la carne JBS. El entonces diputado Rodrigo Rocha Loures, uno de sus principales hombres de confianza, fue filmado llevando el dinero en una maleta.

Pero la Cámara de Diputados, donde Temer tiene una confortable mayoría, rechazó encaminar el pedido de inculpación a la corte suprema, única habilitada para juzgar a un mandatario.

El presidente, con apenas un 5% de aprobación popular, atribuye las acusaciones a tentativas de comprometer la incipiente recuperación de la mayor economía latinoamericana, después de dos años de recesión. Su programa de ajustes le ha valido hasta ahora el respaldo de los mercados.

“El presidente tiene la certeza de que, al final de este proceso, prevalecerá la verdad (…). El gobierno podrá entonces dedicarse aún más a enfrentar los problemas reales de Brasil”, afirma el comunicado de la Presidencia.

Sobornos millonarios

Según la Fiscalía General de la República (PGR), los denunciados “practicaron acciones ilícitas a cambio de sobornos a través de organismos públicos como Petrobras, Furnas, Caixa Económica, el Ministerio de Integración Nacional y la Cámara de Diputados”.

Ese esquema “permitió que los denunciados recibiesen por lo menos 587 millones de reales de sobornos [189 millones de dólares al cambio actual]”.

“Michel Temer es acusado de haber actuado como líder de la organización criminal desde mayo de 2016”, cuando reemplazó a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, destituida por el Congreso por manipulación de las cuentas públicas, indica el documento.

“El núcleo político de la organización incluía a miembros del PP [derecha] y del PT [el partido de Rousseff y de Lula da Silva], que componían núcleos específicos”, afirma.

Los escándalos de JBS

En lo que hace a las presuntas tentativas de obstrucción a la justicia, Janot acusa a Temer de haber “instigado a Joesley Batista”, uno de los dueños de JBS, a comprar el silencio del operador monetario Lúcio Funaro, a través de otro ejecutivo de la empresa, Ricardo Saud.

La primera denuncia contra Temer se basaba en una grabación entregada por Joesley Batista, en la que se oía a Temer dar su presunto aval a la compra del silencio de un diputado preso, Eduardo Cunha.

El jueves, el fiscal anuló la inmunidad concedida a esos dos empresarios, después que se revelara que habían ocultado otras grabaciones.

La corte suprema debe decidir el próximo miércoles si la anulación del acuerdo invalida asimismo las pruebas, como lo pretende la defensa de Temer. Las acusaciones actuales toman aparentemente en cuenta también los testimonios de Funaro.

En la lista de inculpados figuran Cunha, condenado en junio a más de 15 años de cárcel; el “hombre de la maleta” Rocha Loures y el exministro Geddel Vieira Lima. Este último fue detenido la semana pasada, después que la policía hallara el equivalente unos 51 millones de reales (más de 16 millones de dólares) en un apartamento puesto a su disposición en Salvador (noreste).

Janot se despide

Janot, de 60 años, entregará el próximo lunes el cargo a su sucesora, Raquel Dodge.

En las últimas semanas, multiplicó los pedidos de acusación, en un país que desde hace más de tres años vive al ritmo de las revelaciones de la Operación Lava Jato, sobre un gigantesco esquema de sobornos pagados por constructoras a políticos para ganar licitaciones en Petrobras.

La semana pasada, acusó por asociación ilícita a Lula y Rousseff, así como a la cúpula del PT, al exmandatario conservador José Sarney (1985-90) y a los principales dirigentes del PMBD.

“Entrego el cargo el próximo día 17 con la serena convicción de que milité hasta último momento en defensa de los compromisos constitucionales”, dijo Janot al despedirse este jueves de sus colegas.