Un grupo de gendarmes argentinos (policías militarizados) declararon el martes ante la Justicia por el caso de un artesano y activista pro-mapuche, Santiago Maldonado, desaparecido hace 42 días tras una manifestación reprimida con balas de goma en una comunidad indígena de la Patagonia.

El juez tomó las declaraciones en Esquel, 1.900 Km al sudoeste de Buenos Aires, sin información oficial sobre el resultado de las indagatorias.

La causa sigue envuelta en polémicas y en una conmoción que se extendió al plano internacional por ser la primera que la Justicia califica como “desaparición forzada” desde la restauración democrática en 1983.

El último dato oficial fue un informe divulgado el martes por el juzgado según el cual dieron negativas muestras de ADN tomadas en los camiones de Gendarmería usados en el operativo.

“Esto despeja de lo que ha sido tan acusado el Gobierno por una desaparición forzada”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La ministra defiende la actuación de la fuerza federal bajo su mando.

En cambio, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó al canal TN que “hay una discusión que aclarar en torno a si algunos gendarmes que participaron de ese enfrentamiento ese día hicieron algo indebido o no”.

Abogados de la familia y organismos humanitarios habían denunciado que era casi inútil la búsqueda de rastros del ADN de Maldonado debido a que los camiones fueron lavados antes de los peritajes.

La tardía reacción del gobierno argentino ante la desaparición de Maldonado fue denunciada el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra como un caso que exige orientar cuanto antes recursos para alcanzar su aparición con vida.

Por Maldonado han reclamado al gobierno del presidente Mauricio Macri organismos como el Comité de Desaparición Forzosa de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Amnistía Internacional y centenares de personalidades de distintos sectores sociales.

Macri ha dicho que el gobierno está comprometido en la búsqueda.

Maldonado desapareció el 1 de agosto cuando tres escuadrones de Gendarmería persiguieron a los mapuches en la pequeña comunidad Pu Lof de Cushamen, cercana a la precordillera de Los Andes.

Los mapuches habían cortado una ruta en una manifestación de protesta. Las tierras ocupadas por Pu Lof pertenecen al magnate Luciano Benetton.

Una investigación del sitio Chequeado.com señaló que “Maldonado estaba de guardia cuando los gendarmes llegaron a las 04:00 de la madrugada y comenzaron a hostigarlos a los gritos y enfocarlos con potentes reflectores”.

Antes de las indagatorias se produjeron incidentes en la puerta del juzgado entre militantes mapuches y policías de civil que incluso los filmaron. No hubo heridos ni detenidos.