Este domingo 30 de julio de 2017, Venezuela tendrá la oportunidad de comenzar a realizar un cambio profundo en las leyes fundamentales que sostienen a su república.
En mayo pasado, Nicolás Maduro, presidente de dicha nación, anunció que llamaría a Asamblea Constituyente y luego lo confirmó al dar a conocer el decreto (bases comiciales) que establecía las condiciones en las que se elegirán los miembros de la asamblea.
Sin embargo, el anuncio de esta medida para cambiar la Constitución de Venezuela tuvo una rápida reacción opositoria en todo el mundo, quienes acusaron “fraudulencia” en el proceso de creación y en el llamado a votar en la asamblea.
¿La principal razón? La ausencia de un referéndum previo a la Asamblea Constituyente, para decidir si llevarla a cabo o no, y las condiciones establecidas para organizar la asamblea en las bases comiciales.
Este último punto ha recibido críticas, principalmente, por la forma en la que se escogerán los 545 miembros de la asamblea, quienes serán los que decidan las leyes que sostendrán la república.
Según la definición de la ONU, una asamblea constituyente “es un órgano colegiado conformado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas electos por sufragio popular para discutir y diseñar exclusivamente un nuevo texto y orden constitucional; y no para ejercer facultades legislativas. Como consecuencia de lo anterior, una vez que cumple con su cometido debe disolverse, para dar paso al ejercicio de los poderes constituidos”.
Pero esta no es la primera vez que en el país latinoamericano se realiza una asamblea constituyente. De hecho, la actual Constitución vigente en la nación es la que el mismo Hugo Chávez llamó a crear en 1999 después de asumir el poder.
Eso sí, la forma en que se llevó a cabo es muy distinta a como Maduro organizará la de este domingo, consignó la BBC.
Principales diferencias
La primera diferencia es la ausencia de referéndum para la asamblea. Andrés Caleca, quien presidía en 1999 el Consejo Nacional Electoral durante el gobierno de Chávez, explicó qué significa esto en términos legales.
“Esta Asamblea Nacional Constituyente, de ahora, ha sido convocada ilegalmente por el presidente de la República, quien no tiene facultades legales para hacerlo. El único que puede convocarla es el poder originario, expresado en el cuerpo de electores del país”, argumentó.
Por su parte, Carmen Beatriz Fernández, profesora de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, comentó que la ausencia de esta consulta previa, referéndum, se debe al temor que tenía el gobierno de que la propuesta fuese rechazada.
“La Constituyente de 1999 empieza con un referendo consultivo y concluye con un referendo aprobatorio de la nueva Constitución. Eso está muy lejos de la intención de Maduro en este proceso porque es evidente que cualquier referendo podría convertirse en un plebiscito”, explicó.
Por otra parte, la selección de los 545 asambleístas, quienes serán los encargados de “crear” la nueva constitución, ha sido cuestionada. De ese total, 364 serán electos de forma territorial (uno por cada municipio y dos en los municipios de la capital), mientras que los 181 restantes serán escogidos en representación de 8 sectores definidos por el gobierno: trabajadores (1), campesinos y pescadores (2), estudiantes (3), personas con discapacidad (4), pueblos indígenas (5), pensionados (6), empresarios (7), comunas y consejos comunales (8).
En ese sentido, Caleca dice que la asamblea se convierte, entonces, en una ‘corporativa’. “Es una Asamblea corporativa. No va a nacer del voto universal sino de unos estamentos específicos inventados para esta ocasión que no están en la Constitución. Se convierte en una elección censitaria: los trabajadores votan por los trabajadores, los empresarios por empresarios, etc”, argumentó.
Es decir, un municipio con 900 mil electores tendrá la misma representación que otro con 100 mil durante la asamblea. Algo que, según expertos, vulnera la actual Constitución que sólo acepta elecciones libres y universales.
“Ahora hay una representación territorial que es totalmente inadecuada porque cada municipio elige el mismo número de representantes independientemente del número de electores que tenga. Eso no tiene sentido porque se pierde el principio de un hombre, un voto”, concluyó Caleca.
