El gobierno venezolano anunció que a partir del viernes quedan prohibidas las manifestaciones que puedan “afectar” la votación de la Asamblea Constituyente, el domingo, y advirtió que los “delitos electorales” serán castigados con penas de cinco a diez años de cárcel.
“Se prohíbe en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar, que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral”, dijo este jueves el ministro de Interior, general Néstor Reverol, un día antes de una gran marcha opositora en Caracas.
Quien “organice, sostenga o instigue” acciones que interfieran con “la organización y funcionamiento del servicio electoral” será “penado con prisión de cinco a diez años”, señaló igualmente el ministro en rueda de prensa, citando un decreto presidencial.
Reverol garantizó la seguridad del proceso durante una comparecencia con la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena; el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino; y el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, almirante Remigio Ceballos.
La oposición ha anunciado un “boicot” contra las votaciones, en medio de las protestas que lleva a cabo desde hace cuatro meses y que dejan 106 muertos.
El ministro de Interior y Justicia informó que fueron activados 96 puntos para procesar ante tribunales civiles y militares los delitos que se cometan “antes, durante y después de la jornada electoral”.
La oposición cumple este jueves la segunda jornada de un paro de 48 horas en su ofensiva contra la Constituyente, que califica como “un fraude” para establecer “una dictadura”, y preparaba una movilización en la capital para el viernes.
Lucena aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está “en tranquilidad, pero en alerta”.
Un total de 146.000 policías, bomberos y efectivos de protección civil se desplegarán en apoyo a los militares para custodiar los centros de votación.
Lucena y Reverol fueron incluidos el miércoles en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno estadounidense, acusados de “quebrantar la democracia” y de ser responsables de “la represión” contra manifestantes.
“Rechazo categóricamente esta intromisión, esta burla, este atropello a la soberanía”, expresó Padrino ante las medidas de Washington, que incluyen congelación de cuentas y bienes en Estados Unidos y bloqueo de visados.
Maduro ha dado gran poder político y económico a las Fuerzas Armadas, cuyo alto mando expresa “lealtad incondicional” al gobernante socialista.
