Un juez argentino procesó este lunes al actual diputado Julio de Vido, influyente exministro de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernánez (2003-2015), por presuntas irregularidades durante su gestión en la asignación de subsidios al combustible para empresas de buses urbanos.
El juez federal Claudio Bonadio dispuso además el embargo de los bienes de De Vido por mil millones de pesos argentinos, unos 38 mil millones de pesos chilenos, según el fallo publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ), portal de noticias del Poder Judicial.
De Vido había sido indagado hace dos semanas por Bonadio, quien ordenó además la indagatoria de 251 empresarios del sector de transporte público, al investigar un supuesto perjuicio a las arcas del Estado Nacional por unos 609 millones de pesos argentinos, es decir, unos 23 mil millones de pesos chilenos.
Desde el ministerio de Planificación Federal, De Vido tuvo a su cargo toda la obra pública de Argentina y fue un ministro clave durante los 12 años de gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quien acaba de anunciar su candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito del país, en vistas de las elecciones legislativas de medio término, del 22 de octubre.
La nueva causa se suma a otra que la semana pasada tuvo en la mira a De Vido, acusado por un fiscal de un desvío de 26.000 millones de pesos (1.530 millones de dólares) desde la minera carbonífera estatal de Río Turbio.
El fiscal Carlos Stornelli pidió el desafuero y la detención de De Vido, pero su pedido fue negado por el juez federal Luis Rodríguez que dijo esperar resultados de nuevas medidas de prueba.
El exministro atribuyó la acusación en su contra a “la campaña política del PRO (partido del presidente Mauricio Macri) para las elecciones. Ven una derrota electoral y hacen esto”, dijo.
Stornelli es un hombre cercano a Macri, quien en 2003 cuando era alcalde de Buenos Aires, lo invitó a integrar la lista de diputados su fuerza política.
Los fueros parlamentarios solo protegen a los legisladores de ser detenidos, pero sí pueden ser investigados, procesados, juzgados y condenados.
