La construcción del controvertido muro en la frontera entre Estados Unidos y México con el que el presidente estadounidense Donald Trump quiere frenar la entrada de inmigración ilegal en su país comenzará en marzo o abril del año que viene.
La fecha la avanzó este martes la jefa interina de la Patrulla Fronteriza estadounidense, Carla Provost, durante una audiencia ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes: “Si trabajamos diligentemente, si recibimos los fondos, estaremos en disposición de comenzar en marzo o en abril de 2018“, manifestó Provost.
Como zonas prioritarias para levantar la barrera fijó la de San Diego, en California, donde existe una valla “anticuada”, y la del Valle del Río Grande, en el estado de Texas.
La alta funcionaria de la Patrulla Fronteriza admitió que hay lugares en los que la frontera natural existente excluye la necesidad de levantar el muro. Aun antes de erigirse, ya está sirviendo como disuasión para los inmigrantes ilegales, cuyo número ha descendido.
En enero fueron aprehendidos 43.000 inmigrantes en toda la frontera con México, de 3.185 kilómetros, en febrero menos de 24.000 y en marzo la cifra no llegó a 17.000, cuando en el verano de 2014 se habían alcanzado récords de 60.000 personas al mes.
El negocio de los “coyotes”
En el centro de atención de Cáritas en la ciudad de McAllen, en el estado de Texas, dirigido por la hermana Norma Pimentel, por ejemplo, “la caída ha sido increíble: no llegan más de una o dos familias al día”.
“Con un muro será mucho más difícil cruzar y los inmigrantes tendrán que recurrir a las mafias para poder llegar a Estados Unidos. Ya estamos viendo cómo las tarifas de los “coyotes” se han duplicado en algunos puntos”, dijo Madeleine Penman, investigadora sobre inmigración de Amnistía Internacional.
Según datos oficiales, esas tarifas habrían aumentado un 130%, de 3.500 a 8.000 dólares por un inmigrante de México a Estados Unidos.
