La militarizada Guardia Nacional es responsable de medio millar de heridos (más de la mitad del total) y de la muerte de un joven durante las violentas protestas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció este miércoles la fiscal general, Luisa Ortega.

Según la funcionaria, hasta este miércoles 55 personas murieron en las manifestaciones iniciadas el 1 de abril (52 son civiles y tres policías y militares).

En una declaración pública, también reportó un millar de lesionados: 771 civiles y 229 policías o militares.

“Más de la mitad de los lesionados ha sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad. Preocupa cómo se ha exacerbado la violencia”, expresó.

Ortega responsabilizó a un oficial de la Guardia Nacional -no identificado aún- por la muerte de Juan Pernalete, estudiante de 20 años, en una protesta en Caracas el pasado 26 de abril.

Murió por un “shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Fue impactado por un objeto como éste”, dijo al mostrar una bomba lacrimógena. El gobierno había señalado que Pernalete había fallecido por un impacto de un objeto metálico.

“Repudiamos la violencia venga de donde venga”, señaló.

“Las manifestaciones deben ser pacíficas. Eso es un derecho que el Estado debe garantizar. Si empiezas a ejecutar acciones violentas, perdiste el derecho. La violencia sólo deja daños irreparables”, agregó la fiscal, quien fustigó abusos cometidos durante las protestas de la oposición.

Ortega también consideró “dantesco” que manifestantes opositores prendieran fuego a un hombre en una manifestación en Caracas el pasado sábado. Y consideró “vulgar los videos (sobre el hecho) manipulados en beneficio de los grupos en pugna”.

“Repudio los linchamientos“, subrayó.

La fiscal sostuvo además que el Ministerio Público investiga siete casos “por uso de justicia militar en casos que corresponden a la justicia ordinaria” y pidió comprobar el estado de salud de esos detenidos.

Según la ONG Foro Penal, 161 civiles han sido encarcelados por órdenes de la justicia militar.

“Quiero exhortar a todos los actores políticos a evitar señalar hipótesis de los móviles de los delitos”, dijo.

Ortega, confesa chavista, se distanció de la linea gubernamental desde que el máximo tribunal asumió brevemente en marzo las competencias del Parlamento -de mayoría opositora-, por considerarlo una “ruptura del orden constitucional”.

También ha expresado sus críticas a una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, por considerar que agravará la crisis del país.