El director de un penal de El Salvador, en Centroamérica, fue “separado” del cargo luego de que en una intensa requisa se decomisaran unos 19.000 dólares y armas en poder de pandilleros presos, informó este domingo el servicio penitenciario.
“La Dirección General de Centros Penales (DGCP) ha separado al director del centro penal de Ciudad Barrios”, señaló la DGCP en su cuenta de Twitter.
En un anuncio en Twitter consignado en un comunicado emitido en la noche del domingo, la DGCP indicó que el director “relevado” es el inspector Carlos Francisco Orellana y no Juan José Ramírez como esa institución había informado previamente.
El director del penal de Ciudad Barrios, 153 km al noreste de San Salvador, fue separado después que en una inédita requisa se decomisaran unos 19.000 dólares que los pandilleros mantenían escondidos en distintos puntos de la prisión.
Además, según la Fiscalía General, que encabezó la requisa junto a la Policía, se decomisaron cinco armas de fuego, 147 teléfonos celulares, pequeñas porciones de marihuana, un radio de comunicación, dos paneles solares, además de una serie de armas punzocortantes hechas por los presos, entre otros artículos.
De acuerdo con la DGCP, la requisa que se ha llevado a cabo en el penal durante toda la semana, ha sido “inédita” pues se ha registrado “celda por celda”, lo que ha permitido “extraer todos los ilícitos que por años han acumulado los reos”.
Más de 2.500 presos
La prisión de Ciudad Barrios, con más de 2.500 reclusos, es uno de los seis penales para pandilleros en los cuales el gobierno incrementó hace un año la seguridad para evitar que se coordinasen crímenes y extorsiones desde dentro.
La DGCP señaló que tras la requisa ordenó una “investigación” de todo el personal para “individualizar a los traidores” que permitieron el ingreso de los objetos decomisados.
La Fiscalía ordenó la requisa en este penal luego de que internos detonaran una granada el 24 de marzo, dejando dos presos heridos.
En marzo de 2016, el Gobierno lanzó una ofensiva contra las pandillas con medidas extraordinarias en las cárceles para cortar la comunicación de presos con el exterior, con límites al desplazamiento de los internos y a las visitas familiares.
Desde el 1 enero hasta el 20 de marzo, según cifras del Ministerio de Justicia y Seguridad, el país registró 722 homicidios, cifra muy inferior a los 1.854 de igual período del año pasado.
