Organizaciones de colectividades de diversas nacionalidades latinoamericanas llamaron a marchar hacia el edificio del Congreso argentino “para visibilizar el contexto de crisis” que están viviendo. El “Paro Migrante” apuntó a un decreto del presidente Macri que entró en vigor en enero y endurece el control migratorio.
“¿Qué pasaría si los migrantes demostramos todo lo que aportamos a la sociedad?”, se plantearon los participantes.
Ese decreto “nos criminaliza, quita derechos e invisibiliza nuestro aporte a la economía argentina, sobre todo en un contexto de ajuste económico que afecta a todos los trabajadores del país”, señaló un comunicado firmado por Bloque Migrante, apoyado por un video en redes sociales que mezcla acentos de Bolivia, Perú, Chile, Paraguay y Colombia.
Según un informe de 2016 de la Universidad de Tres de Febrero, los migrantes aportan entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por año en impuesto al valor agregado, en tanto que entre 2007 y 2011 generaron riqueza por entre 3.900 y 5.000 millones de dólares.
“Con este paro queremos instalar ese debate sobre nuestro rol económico, social y cultural“, explicó Juan Vázquez, del colectivo de bolivianos Simbiosis Cultural.
Según Vázquez, aún en rubros como el textil o la construcción, donde hay mayoría de trabajadores extranjeros, sólo un 25% de los delegados sindicales pueden ser inmigrantes.
Discriminación
Argentina tiene 4,5% de población migrante entre sus 40 millones de habitantes, según datos de Naciones Unidas.
Para justificar el endurecimiento del control migratorio, el Gobierno informó que el 33% de los delitos vinculados al narcotráfico son cometidos por extranjeros, pero ese porcentaje se reduce a menos de 6 si se toman los delitos en general, de acuerdo a la misma fuente.
“Soy mexicano, soy peruana, soy boliviano, soy psicóloga, soy costurera, soy estudiante… soy migrante. También aporto a tu economía, a tu cultura, a tu sociedad”, sintetiza una convocatoria replicada en las redes sociales.
El Paro Migrante coincide con una huelga con marcha convocada por dos de las tres centrales obreras, y recuerda el 30 de marzo de 2006, cuando producto de un incendio en un taller textil clandestino en Buenos Aires murieron cinco niños y una mujer, todos bolivianos.
La nueva política migratoria argentina fue denunciada el 20 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por entidades ligadas a inmigrantes, al considerar que fomenta la xenofobia, la intolerancia y el “racismo institucional”.
