Brasil pidió este miércoles a los países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que eviten aplicar restricciones “arbitrarias” contra sus exportaciones de carne, salpicadas por denuncias de adulteraciones en cortes para el consumo humano.

Más de una decena de naciones cerraron esta semana parcial o totalmente sus mercados o intensificaron sus controles sobre los productos brasileños, golpeando un negocio con clientes en 150 mercados, que generó más de 13.000 millones de dólares el año pasado.

Brasil, el mayor exportador mundial de carne bovina y aviar, instó a sus socios de la OMC a abstenerse de adoptar “medidas que constituirían restricciones arbitrarias al comercio internacional o contrarias a las disciplinas contempladas en el Acuerdo SPS [de aplicación de medidas sanitarias] y otras reglas de la OMC”.

La petición fue entregada en Ginebra en una reunión del Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, una institución multilateral que cuenta con 164 miembros.

China, Hong Kong, Chile -que juntos representaron el 40% de las exportaciones de carne roja en 2016- cerraron totalmente sus mercados a la carne brasileña. La Unión Europea, Suiza, Japón y México vedaron la entrada a productos procedentes de frigoríficos bajo sospecha. Sudáfrica se sumó este miércoles a este grupo.

Otros países, como Estados Unidos, Corea del Sur, Arabia Saudita -principal comprador de carne de pollo brasileña- y Argentina aumentaron sus controles.

Transparencia

La Policía Federal (PF) denunció a 21 frigoríficos por practicar delitos de corrupción, usar productos cancerígenos para maquillar cortes en mal estado y adulterar etiquetas para falsear la fecha de validez, entre otros hallazgos.

Todo, con la venia de inspectores sanitarios que fueron sobornados para autorizar esas ventas.

Treinta personas fueron detenidas, se clausuraron tres plantas y se suspendió el permiso de exportar de todas las investigadas. Entre ellas, hay unidades de los gigantes globales JBS y BRF.

“La propia investigación policial prueba la transparencia y credibilidad de los controles”, afirma el texto distribuido en la OMC.

Nuestra mayor preocupación y nuestro mayor compromiso es garantizar la seguridad y la calidad de los productos“, añade.

El documento repasa números ampliamente difundidos por el gobierno conservador del presidente Michel Temer, que trata de contrarrestar el golpe a un sector clave de una economía sumida desde hace más de dos años en la recesión y de restablecer la credibilidad del país, afectada por el escándalo de los desvíos de la estatal Petrobras para financiar campañas políticas.

El gobierno alega en particular que de los 853.000 envíos de bienes de origen animal en 2016, la investigación cuestiona solo 184, en tanto que muchas de las observaciones no están relacionadas con aspectos sanitarios.

En campaña

El caso bautizado “Carne Débil” agita nuevamente a la sociedad brasileña, que no tiene tregua desde que comenzó el derrumbe del gobierno de izquierda de Dilma Rousseff (2011-2016), sustituida el año pasado por Temer tras perder su cargo por adulterar las cuentas públicas.

Y siembra dudas sobre un alimento que integra la base de la dieta local.

El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, un poderoso productor de soja, se muestra a diario en supermercados y frigoríficos junto a fiscalizadores de carne, intentando llevar tranquilidad a una población hastiada de las denuncias de corrupción flagrante en la administración pública.

El gobierno cuestionó parte de la denuncia policial y Temer habló de “alardes” de comunicación para dar a conocer hechos en muchos casos “insignificantes”.

En la noche del martes, la cartera de Maggi difundió un comunicado conjunto con la PF para puntualizar que los sucesos investigados “se relacionan directamente con desvíos de conducta profesional practicados por algunos funcionarios y no representan un mal funcionamiento generalizado del sistema sanitario brasileño”.

El lunes, Maggi recibirá al comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis.

La crisis se produce en momentos en que la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) tratan de acelerar las negociaciones de libre comercio, pese a las reticencias de los grupos de presión agroganaderos de la UE, que incrementan sus reclamos contra el ingreso de carnes sudamericanas.

La directora para las Américas de la UE, Edita Hrdá, descartó que el tema trabe los avances. El caso no constituye “absolutamente ningún obstáculo para las negociaciones”, afirmó.

“Las condiciones fitosanitarias (…) contribuyen a un mejor acuerdo entre las partes. Es el interés de los gobiernos tener comida sana. Lo que pasó ahora, puede pasar con algunos otros productos. Depende de la calidad de los controles y la confianza en las autoridades”, agregó la funcionaria en una rueda de prensa en Buenos Aires.