Un juez encausó el martes a la expresidenta argentina Cristina Fernández por presunta asociación ilícita y fraude, con un embargo por 630 millones de dólares, acción judicial que la dirigente calificó de “maniobra formidable de persecución política”.
“El juez Julián Ercolini procesó a la expresidenta por asociación ilícita y administración fraudulenta. Ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos (equivalentes a 430 mil millones de pesos). Se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral”, informó la página web CIJ, del poder judicial.
Además de Fernández, también fueron procesados el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al exsecretario de Obras Públicas, José López y al detenido empresario Lázaro Báez, consigna La Nación de Argentina.
La exmandataria argentina había presentado recientemente un escrito ante Ercolini para pedir la nulidad de la causa y señalar que “es una maniobra formidable de persecución política” y “un disparate mayúsculo”.
Una cámara de apelaciones había confirmado el 11 de noviembre la inculpación de Fernández en otro caso por presunto perjuicio al Estado con operaciones cambiarias del Banco Central. El tribunal convalidó en esta causa un embargo por un millón de dólares.
Fernández (2007-2015) es acusada de haber otorgado obras de infraestructura en favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur). Ercolini también procesó en la causa a Báez y al exministro de Planificación Julio de Vido. Báez está detenido desde abril.
“No soy amiga ni socia comercial de Báez”, declaró el 31 de octubre al salir del Palacio de Tribunales. El procesamiento en Argentina implica que el magistrado halló pruebas para inculparla. El proceso seguirá su curso hasta que se ponga fecha para el juicio oral ante un tribunal federal.
Fernández, una peronista de centroizquierda, asegura que el gobierno de Mauricio Macri, al frente de una alianza de derechistas y socialdemócratas, influye en un grupo de jueces para acusarla y distraer la atención de la sociedad de graves problemas sociales y económicos, entre ellos una recesión que hunde el producto bruto interno en 2,4% en lo que va del año, según el instituto oficial indec.
El caso ‘dolar’
En la causa monetaria denominada “dólar a futuro”, la justicia entiende que la operatoria benefició a inversionistas. Ellos pactaron ventas de divisas a marzo a razón de 10 pesos por dólar en noviembre de 2015, cuando el gobierno intentaba bajar expectativas de devaluación. Pero en diciembre, al asumir Macri, el tipo de cambio se fijó en 14 pesos por dólar y los especuladores ganaron fortunas. Fernańdez dice que si hay delito, lo cometieron los devaluadores.
En el caso del otorgamiento de licitaciones en Santa Cruz, Ercolini subrayó que la compañía de Báez ganó licitaciones por 2.200 millones de dólares durante el gobierno de Fernández. La cifra implica que Austral se impuso en 78,4% de los concursos para adjudicar obras.
En la asociación ilícita que sospecha Ercolini habría intervenido también el exviceministro de Obras Públicas José López, también procesado este martes. López fue quien en junio fue detenido ‘in franganti’ en momentos en que intentaba ocultar una bolsa con 9 millones de dólares en un convento de monjas de la periferia de Buenos Aires.
