El gobierno de Colombia y la guerrilla FARC firmarán este jueves en Bogotá el nuevo acuerdo de paz sellado hace 10 días, que será refrendado por el Congreso para empezar su implementación y poner fin a más de medio siglo de conflagración interna.

“El día jueves, pasado mañana, vamos a firmar este nuevo acuerdo aquí en Bogotá, en el teatro Colón”, en el centro de la ciudad, dijo este martes el presidente Juan Manuel Santos en una alocución televisada desde la presidencial Casa de Nariño.

La ceremonia se llevará a cabo a las 11H00 hora local (16H00 GMT), indicaron las partes en un comunicado divulgado más temprano en la capital colombiana.

El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) también acordaron que el mecanismo de refrendación del nuevo pacto, alcanzado en Cuba tras el rechazo al anterior en un plebiscito, será el Congreso, con unos procedimientos que se están “precisando”.

“El Congreso, por su naturaleza misma, cuenta no sólo con la legitimidad del voto popular, sino que representa a todos y cada uno de los departamentos y regiones del país. Dado que la paz se consolidará desde los territorios, este elemento es muy importante”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado dijo que es “indispensable” implementar el nuevo pacto “a la mayor brevedad posible” dada la “fragilidad” del cese al fuego bilateral vigente entre las partes desde finales de agosto, que se mantuvo pese al revés electoral del 2 de octubre en el que se rechazó la primera versión del acuerdo.

Justamente, la cúpula del principal y más antiguo grupo insurgente del país aterrizó el lunes en Bogotá para preparar la firma del acuerdo e impulsar la rápida implementación de lo convenido, que consideran se puede ver afectada por una ola de violencia contra líderes sociales.

Los asesinatos y amenazas contra esa población, además del rechazo al nuevo pacto anunciado el lunes por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, se han convertido en los principales obstáculos en el camino para acabar con el conflicto armado de más de medio siglo.

Santos presidió en la mañana una reunión de alto nivel, con miembros de su gobierno y organismos de derechos humanos, para evaluar la situación de seguridad y aseguró que no va “a permitir que los violentos pongan en riesgo los avances y esperanzas de la paz”.

También pidió “acelerar” la aplicación del pacto de paz especialmente en zonas donde, según la guerrilla, solo en los últimos tres días han sido asesinados tres líderes comunales y otros dos han sufrido atentados.

La semana pasada murieron dos miembros de las FARC en presuntos combates con el Ejército, en el primer incidente notificado en el marco del cese al fuego.

Puerta abierta al diálogo

En paralelo a la reunión sobre la situación de seguridad, miembros de las FARC, incluido su líder máximo, Rodrigo Londoño (“Timochenko”), acordaron con negociadores del gobierno en Bogotá los detalles de la firma oficial del nuevo acuerdo de paz, construido con proposiciones de la oposición.

La rúbrica está prevista para el jueves a pesar de la oposición de Uribe, quien pidió reunirse con las FARC y hacer nuevos cambios al pacto para que, por ejemplo, no se permita la elegibilidad política de responsables de delitos atroces mientras cumplen sus penas o que el acuerdo no sea incluido en la Constitución.

Quiero “reiterar nuevamente mi disposición al diálogo para lograr consensos y entendimientos sobre la implementación del acuerdo, que es tan importante como el acuerdo mismo. La puerta está abierta”, dijo en la alocución, Santos, quien lamentó que sectores “radicales” de la oposición rechacen el nuevo convenio.

De su lado, el comandante guerrillero Pablo Catatumbo prácticamente descartó este martes la reunión con Uribe por considerar que el exmandatario quiere “dilatar” la paz.

Refrendación tras la firma

Para el analista Jorge Restrepo, está “claro que sería mejor tener un acuerdo de consenso, pero eso es casi imposible de lograr con lo que le está pidiendo el Centro Democrático (partido de Uribe) a las FARC, que es que no se elijan políticamente”.

“Está bien que este acuerdo tenga una oposición, porque supone que debe haber una demostración de las partes de su voluntad para cumplir con lo ofrecido. Uribe, además, no tiene poder de veto o de bloqueo”, dijo Restrepo, director del centro de análisis del conflicto Cerac.

Los negociadores del gobierno se reunirán el miércoles con los voceros de los partidos favorables al acuerdo para definir los pasos a seguir en la refrendación y las primeras leyes que se presentarán para implementar el acuerdo, entre ellas la de la amnistía para los guerrilleros que no están acusados de delitos atroces.

“Una vez se firmen los nuevos acuerdos iniciaría el procedimiento (de refrendación) en el Congreso”, afirmó el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, a periodistas.