El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó la creación de grupos civiles para fiscalizar la producción de alimentos y bienes básicos, en una nueva medida para paliar la escasez.

Durante un mitin con cientos de partidarios, Maduro formalizó la creación de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), grupos de obreros de empresas públicas que apoyarán a los militares en el control de la producción y distribución de alimentos.

La Fuerza Armada está al frente de esa tarea desde agosto pasado.

El mandatario también anunció que el próximo fin de semana serán activados 985 puntos para denunciar irregularidades en la venta de productos, con la acción de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), organizaciones comunales creadas en abril que distribuyen comida a precios subsidiados en zonas populares.

“Estoy a la orden para aprobar los recursos que hagan falta para que en diciembre y enero haya producción 100% en todas las empresas del país”, dijo Maduro en el acto transmitido en cadena de radio y televisión.

Según el gobernante socialista, estos planes hacen parte de un proceso de reestructuración de empresas del Estado para mejorar su eficiencia.

“No hay posibilidad de fallar en esta gran tarea productiva”, dijo, y añadió que por ello está siendo activada esta “nueva etapa de la lucha contra la especulación y el bachaquerismo (reventa de productos subsidiados) con la alianza entre los CLAP y la Sundde (Superintendencia de Precios Justos)”.

Crisis

Venezuela sufre una crisis económica agravada por el desplome de los precios del petróleo, que se refleja en una escasez de 80% de alimentos y medicinas, según estimaciones privadas, y una inflación que el FMI proyecta en 475% para 2016.

Maduro, quien sostiene que la crisis se debe a “una guerra económica” de empresarios para derrocarlo, prometió “liberar el corazón de la economía venezolana de los parásitos”.

Un decreto de emergencia económica vigente desde enero faculta a Maduro para tomar medidas especiales en la regulación de la producción, distribución y venta de productos básicos.

El decreto le atribuyó a los CLAP “funciones de vigilancia y organización”, conjuntamente con los militares y la Policía, “para mantener el orden público”, lo que a juicio de la oposición promueve la violencia política.