Un año terrible ha sido este 2016 para el presidente boliviano Evo Morales, que no sólo perdió un referéndum con el que buscaba abrir la puerta a un nuevo mandato, sino que ha enfrentado constantes conflictos, el último de ellos el asesinato de un viceministro.

El último ingrediente en este proceso de “debilitamiento” político ha sido el conflicto con los cooperativistas mineros, que derivó en el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes esta semana, pero no ha sido el único. Desde inicios de año Morales tuvo fricciones con organizaciones de discapacitados, los transportistas e incluso con la mayor central sindical del país.

“Todo le ha salido mal este año. A partir de febrero empezó a vivir una fase de declinación ocasionada por problemas internos y por las relaciones con sus propios aliados“, explica a la AFP el analista Jorge Lazarte, quien subraya que éste “es el momento más duro del gobierno en los últimos años”.

Este debilitamiento puede responder a un proceso de “desgaste” natural de un líder que ha ejercido el poder durante una década estableciendo alianzas con distintos sectores que, en gran parte estaban basadas en generosas transferencias económicas, gracias a una coyuntura favorable de los precios de las materias primas.

Con todo, el último sondeo de la firma Ipsos, antes del conflicto con los mineros, le daba al presidente aymara un 52% de popularidad.

El romance del gobernante izquierdista con los sindicatos amenaza con resquebrajarse por un hecho inesperado, la reducción de ingresos fiscales debido a la caída de los precios de los productos de exportación. Sus aliados se resisten a perder beneficios a los que estaban acostumbrados y emerge el descontento, según analistas.

“Es evidente el natural proceso de desgaste de todo gobierno, no en vano han transcurrido más de 10 años en el poder. A esto hay que añadir la crisis de los precios de los hidrocarburos y los minerales y la (consiguiente) reducción de los ingresos fiscales, lo que impide continuar con una política dispendiosa de gastos”, comenta el analista y exparlamentario Carlos Borth.

Lazarte explica que la alianza entre los cooperativistas mineros y el gobierno “no era ideológica, sino de intereses“.

Destaca que Morales aprovechó la fuerza política y la capacidad de movilización de ese gremio –que desestabilizó a gobiernos precedentes- para garantizar una mayoría en la Asamblea Constituyente de 2006, que aprobó un nuevo texto constitucional. A cambio les concedió favores económicos, dice.

Pero el futuro de esta alianza no está sellado.

Lazarte indica que “si bien hay fisuras en la relación, ambos la intentarán recomponer, porque se necesitan” mutuamente, aunque la relación no volverá a ser la misma.

Base social deteriorada

Borth afirma que la amplia base social de Morales “se está resquebrajando” y sus únicos aliados incondicionales son los campesinos y los productores de coca, pues ha tenido fricciones con los indígenas, los mineros, transportistas y ahora los cooperativistas.

“Esto le quita fuerza, respaldo social, político y electoral al presidente”, explica.

Lo que está menos claro para los analistas es el futuro político de Morales, porque todavía que quedan tres años de mandato.

“Estamos presenciando el proceso de desgaste, de debilitamiento del gobierno y del liderazgo del presidente, que preanuncia un cambio electoral en 2019, pero no se puede afirmar con certeza” lo que ocurrirá, dice Borth.

Lazarte estima que surgirán problemas de “ingobernabilidad social”, aunque resalta que Bolivia no vive ahora un proceso de “ingobernabilidad política” como sucedía en los gobiernos previos a Morales, caracterizados por la inestabilidad.