El pasado 9 de agosto, la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia, inició una gran movilización a nivel nacional, en respuesta a las modificaciones realizadas por el gobierno de Evo Morales a la ley que regula el funcionamiento de estas organizaciones, protestas que han experimentado un aumento en el nivel de violencia y derivó en el asesinato de un viceministro.

Los mineros movilizados desarrollaron un petitorio de 10 puntos, en el que solicitaban la modificación a los cambios propuestos por el Ejecutivo a la Ley General de Cooperativas Mineras y a la ley minera, especialmente las indicaciones donde se reconocía a los sindicatos en las cooperativas, consigna El Deber de Bolivia.

Otros puntos por los que se movilizaban los cooperativistas, tienen relación con permitir la inversión de privados en sus concesiones, reducir las restricciones medioambientales y la inyección de más recursos al sector minero, razones por las que se volvieron uno de los principales grupos opositores a la gestión de Morales.

Las cooperativas mineras son pequeñas asociaciones autónomas “sin fines de lucro”, con un largo historial de apropiación de yacimientos mineros tanto estatales como privados.

Los socios de las cooperativas tienen iguales derechos entre sí, pero en algunas minas, como en Potosí (eje del conflicto), hay varios tipos de asociaciones y también mantienen personal asalariado.

Pese a que el sector no paga impuestos y sólo una regalía de 2,5% por la venta de minerales (las empresas estatales pagan 8,5%), plantean que esas regalías sean invertidos en proyectos que les favorezca.

Violencia y enfrentamientos

Desde que comenzaron las tomas de caminos (9 de agosto), los movilizados han tenido duros enfrentamientos con la policía, con distintos episodios de violencia.

Los enfrentamientos han incluido secuestros de policías y detenciones de cientos de mineros, además se ha confirmado que un minero murió durante los enfrentamientos, mientras se sospecha de otro caso.

“Según los reportes que tenemos, son 46 policías (retenidos), no podemos mencionar si son de grado alto, pero en realidad nosotros también tenemos 45 detenidos en la FELCC (unidad policial) de El Alto, 30 en Patacamaya, dos en Potosí y 38 detenidos en Cochabamba”, dijo el dirigente minero, Hernán Montero, un día después de que comenzaran las protestas.

La información fue confirmada por el gobierno, quienes difundieron que los oficiales fueron liberados en horas posteriores.

Tras el rapto de 40 policías, el ministro del Interior de Bolivia, Carlos Romero, sindicado como el responsables de la violencia según los mineros, sostuvo que “con estas actitudes violentas pretenden chantajear al gobierno para exigirle que se modifique la ley de minería y se les permita celebrar contratos de asociación con empresas privadas” extranjeras, lo que está prohibido por la Constitución.

Fracasa intento de diálogo

El pasado 12 de agosto, los cooperativistas levantaron las tomas de camino, para comenzar a dialogar con el gobierno y buscar una salida al conflicto.

“Estamos enviando la carta correspondiente a nuestro presidente Evo Morales Ayma, indicando que vamos a dar un levantamiento de cuarto intermedio para instalar la mesa de diálogo a partir de este momento”, señaló en esa ocasión el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani.

Pero este intento de diálogo fracasó a los 3 días, luego de que los dirigentes mineros rechazaran el arresto de 10 de sus colegas, acusados de agredir a policías.

Incluso, la fiscalía indicó que más de 100 oficiales estaban internados en recintos de salud tras ser heridos durante enfrentamientos contra los mineros, quienes según el ente persecutor atacaron a los agentes con explosiones de dinamita.

Asesinato y violencia

A partir del fracaso en el intento de diálogo, la violencia comenzó a aumentar de nivel, hasta el punto de que el miércoles 24 de agosto, los mineros denunciaron la muerte de 2 de sus colegas por acción de la policía, pero desde la Fiscalía sólo han confirmado el caso de Fermín Mamani, quien falleció producto de un impacto de bala.

Pero el jueves 25 de agosto ocurrió el episodio más grave, cuando un grupo de mineros secuestró al viceministro, Rodolfo Illanes, quien viajaba en representación del ministro del Interior, Carlos Romero, para dialogar con los mineros movilizados.

Pese a que los mineros aseguraron en un primer momento que sólo tenían retenido contra su voluntad a Illanes, la noche del jueves se confirmó que no se trató sólo de un secuestro, sino que también fue asesinado por sus captores.

Tras el asesinato, el Gobierno de Bolivia lamentó el hecho y el presidente Evo Morales declaró luto oficial de 3 días.