El impeachment contra la suspendida presidenta brasileña Dilma Rousseff, entra este jueves en su recta final con el voto de una comisión que recomendará al Senado si la acusación debe avanzar hasta el juicio final este mismo mes, o si tiene que ser archivada.

El parecer no será vinculante, por lo que sería sometido al pleno de 81 senadores el próximo martes 9 de agosto, en lo que se anticipa como una sesión de ribetes históricos que se desarrollará con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro como telón de fondo.

Y si en esa ocasión una mayoría simple de los senadores opta por darle continuidad a la acusación, Rousseff, -suspendida de su cargo desde mayo-, quedará a una sola votación de perder definitivamente su mandato y poner fin al ciclo de más de 13 años del Partido de los Trabajadores en el poder.

La primera mujer en presidir Brasil, que denuncia un golpe en su contra, está acusada de haber violado la Constitución al aprobar gastos sin la venia del Congreso y suscribir decretos para financiar al Tesoro con la banca pública. Las dos infracciones son consideradas “crímenes de responsabilidad” que pueden poner fin a su mandato e inhabilitarla para ejercer cargos durante ocho años.

Una amplia mayoría de los senadores y de analistas considera que la ahijada política del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva tiene pocas posibilidades de conservar el poder. Para que eso ocurra, el caso debe llegar a la instancia final y el impeachment recibir el apoyo de dos tercios (54) de los senadores.

“Atentado contra la Constitución”

El senador opositor a Rousseff, Antonio Anastasia, del partido socialdemócrata PSDB y a cargo de instruir las pruebas, presentó el martes pasado un informe de 441 páginas en el que se pronunció en favor de la continuidad del impeachment con palabras duras.

“La gravedad de los hechos constatados no deja dudas en cuanto a la existencia no de meras formalidades contables, sino de un auténtico ‘atentado contra la Constitución"”, dijo durante la lectura de su voto, que ahora será sometido a la comisión de 21 senadores que tramita esta fase del juicio.

Las previsiones de los propios integrantes de ese cuerpo indican un amplio respaldo para la acusación: 16 a 5.

Si se corroboran las especulaciones y el vicepresidente Michel Temer, al frente del gobierno en forma interina, continúa hasta fines de 2018, Rousseff se convertirá en la segunda jefa de Estado en perder el poder a manos del Congreso en 24 años, después de Fernando Collor.

Temer ya avisó que pretende asistir a la cumbre del G-20 a inicios de setiembre en China sin el mote de presidente provisorio, y sus legisladores presionan para que la etapa final del juicio, que duraría unos cinco días, comience en torno al 25 de agosto para que termine ese mismo mes, tras el cierre de las Olimpíadas.

Fase final

Cuando el impeachment sea votado el próximo martes 9 el proceso ya será conducido por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski.

Según el Senado, serán intimadas la parte acusatoria -representada por un grupo de juristas que pidió el impeachment de Rousseff en 2015- y la defensa, en manos del exministro de Justicia José Eduardo Cardozo. Cada uno tendrá 48 horas para acercar una lista de hasta cinco testigos.

Luego se fijará la fecha de inicio del juicio, cuando el Senado se constituye en tribunal.

Durante las sesiones finales se escucharán los testigos y habrá un debate en el que los senadores tendrán hasta 10 minutos para establecer sus posiciones.

El día de la sentencia, la acusación y la defensa, que podría ser hecha hasta por la propia Rousseff, dispondrán de dos horas antes de la votación.

Acusada de adulterar las cuentas públicas, pero no de corrupción, Rousseff parece estar “pagando la cuenta de los errores del PT”, según la definición de la senadora conservadora Ana Amelia (PP) en una entrevista reciente con la AFP.

Integrante de la comisión de impeachment, la senadora cree que los vientos de la política cambiaron en Brasil y el tiempo de la izquierda del PT terminó aplastado por no haber podido dar sustentación a su modelo de coalición polipartidaria.

Acorralada por una recesión económica sin antecedentes en 80 años, con su gobierno ametrallado de acusaciones de corrupción por una monumental red de sobornos en la estatal Petrobras para obtener apoyo político y con el Congreso en contra, Rousseff se fue quedando sin margen.

En diciembre del año pasado fue aceptado el pedido de impeachment en su contra y poco después Temer guió a su partido de centro-derecha PMDB a abandonar la coalición de gobierno para liderar un amplio arco opositor.

Para el mundo político de Brasilia, las cartas ya estaban echadas.