Las fuerzas de seguridad de la región etíope norteña de Amhara y sus socios están realizando una "campaña de limpieza étnica” en la vecina Tigray, con abusos que equivalen a crímenes de guerra y contra la humanidad, denuncian Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), en un nuevo informe.
Las autoridades de la zona occidental de Tigray y sus aliados también cometieron masacres y otros crímenes de guerra contra los civiles de Amhara, señalaron ambas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Desde que empezó la guerra de Tigray en noviembre de 2020, “las fuerzas de seguridad de Amhara han estado involucradas en una campaña incesante de violencia étnica para obligar a los tigrinos del oeste de Tigray a abandonar sus hogares”, alertó el director de HRW, Kennet Roth.
Con consentimiento y posible colaboración gubernamental
Según la investigación de AI y HRW, esos crímenes ocurrieron con el consentimiento e incluso con la posible colaboración directa de las fuerzas de seguridad federales. Sin embargo, tanto las fuerzas federales etíopes como las autoridades ahmaras niegan las acusaciones de limpieza étnica en el oeste de Tigray.
Tras entrevistar a más de 400 personas y analizar informes médicos, imágenes de satélites y vídeos y fotografías, las dos ONG documentaron, entre otros abusos, amenazas, homicidios, violaciones en grupo, detenciones masivas arbitrarias, saqueos, desplazamientos forzados y denegación de asistencia humanitaria.
Como resultado, decenas de miles de tigrinos han sido expulsados de sus hogares o han huido. Y AI y HRW creen que aún permanecen detenidos en condiciones “potencialmente mortales” miles de tigrinos. Sin embargo, subrayan, el Gobierno central ha restringido el acceso a la región y las investigaciones independientes, ocultando en buena medida muchos de estos abusos de derechos humanos.
Sin reacción internacional acorde a la gravedad de las denuncias
“La respuesta de los socios internacionales y regionales de Etiopía no se ajusta a la gravedad de los crímenes que siguen cometiéndose en el oeste de Tigray”, afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.
Las dos organizaciones pro derechos humanos exigieron al Gobierno etíope garantizar el acceso inmediato y constante de las organizaciones humanitarias en Tigray, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e investigar y enjuiciar a los responsables de los abusos.
Además, pidieron un acuerdo de las partes del conflicto armado que incluya “el envío de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz liderada por la Unión Africana (UA) a la zona de Tigray occidental para garantizar la protección de todas las comunidades frente a los abusos”.
Tigray occidental es una zona fértil que, dos semanas después del estallido de la guerra en 2020, cayó bajo el control del Ejército federal etíope y las milicias de Amhara, aliadas del Gobierno etíope. La guerra empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT) -partido que gobernaba la región- en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de la tensión política.
Según la ONU, unas 5,2 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Tigray y las regiones vecinas de Amhara y Afar. Además, miles de personas han muerto y unos dos millones han tenido que abandonar sus hogares debido a la violencia.
El pasado 24 de marzo el Gobierno de Etiopía declaró una “tregua humanitaria indefinida”, poniendo fin a un “bloqueo de facto” que sufría Tigray desde hacía meses, según denunció la ONU. El FLPT, por su parte, anunció después un “cese de las hostilidades” sujeto al cumplimiento de esa tregua. Desde entonces, algunas organizaciones, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU o el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), han podido reanudar sus actividades en la región.
