Las fuerzas de seguridad egipcias han llevado a cabo desde hace seis años decenas de lo que la organización Human Rights Watch cataloga de ejecuciones extrajudiciales de supuestos “terroristas” que, en realidad, no representaban ningún peligro inminente, tal y como denunció este martes en un informe detallado.
Según la organización de defensa de los derechos humanos dichas ejecuciones han sido llevadas a cabo por la Policía y los servicios de Inteligencia, alegando que las muertes son producto de enfrentamientos armados.
Sin embargo, HRW recoge testimonios y pruebas que apuntan a que esos “supuestos hombres armados muertos en los denominados tiroteos no representaban un peligro inminente para las fuerzas de seguridad cuando fueron asesinados y en muchos casos ya habían estado bajo custodia”.
La ONG documenta que el Ministerio de Interior informó entre enero de 2015 y diciembre de 2020 de las muertes de al menos 755 personas en 143 supuestos tiroteos, en los que sólo un sospechoso fue detenido.
En casi todos los casos, seguía un mismo patrón: Interior informaba en un comunicado, utilizando un lenguaje calcado en casi todos ellos, que los supuestos terroristas, generalmente pertenecientes a la organización islamista Hermanos Musulmanes, habían abierto fuego primero, y los agentes se habían visto forzados a responder.
HRW examinó exhaustivamente los casos de 14 fallecidos en nueve de estos incidentes, en los que un miembro de las fuerzas de seguridad resultó herido.
Al entrevistar a sus familiares, estos alegaron que las víctimas habían sido detenidas antes de sus muertes y en muchos casos apreciaron en sus cadáveres signos de tortura como quemaduras, cortes y huesos y dientes rotos.
En 13 de esos casos, los detenidos fueron desaparecidos forzosamente y las familias, al intentar localizarles, sufrieron intimidación y acoso de los agentes de seguridad.
HRW asegura que estas prácticas proliferaron después de que el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, afirmara en junio de 2015 a raíz del asesinato del entonces fiscal general que las leyes y los tribunales no eran suficientes en la lucha contra los islamistas y abogó por una “justicia expedita”.
La ONG insta a los países que apoyan a Egipto, como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Alemania, a imponer sanciones contra funcionarios y entidades egipcias responsables de estas muertes y a suspender las ventas de armas y su cooperación en materia de seguridad y militar con el país árabe.
