La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció este martes que se ha visto obligada a cerrar su oficina en Burundi, (África Oriental) que funcionó durante 23 años, a pedido del gobierno de ese país africano.
“Lamentamos profundamente haber tenido que cerrar nuestra oficina en Burundi”, señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, en un comunicado en el que precisa que la oficina dejó de funcionar el 28 de febrero.
En octubre de 2016, el gobierno burundés, reaccionando a un informe del equipo de expertos independientes de la ONU, ya había suspendido toda cooperación con la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas.
El gobierno exigió el cierre de esta oficina el 5 de diciembre, explicando, según la Oficina de la Alta Comisionada, que “el país había realizado suficientes progresos para establecer mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos, de tal manera que la existencia de esta oficina ya no se justifica”.
Bachelet destacó: “durante muchos años, trabajamos junto al gobierno para la consolidación de la paz, la reforma de los sectores de la seguridad y de la justicia, y contribuimos a reforzar las capacidades tanto institucional como de la sociedad civil respecto a una serie de cuestiones vinculadas a los derechos humanos”.
“Lamentablemente, muchos de estos avances en materia de derechos humanos han sido puestos en peligro desde 2015”, afirmó.
También explicó que la falta de cooperación por parte del gobierno desde finales de 2016, “significó que el personal de derechos humanos de Naciones Unidas se viera gravemente obstaculizado en su capacidad para examinar las denuncias de violaciones” que la ONU continúa recibiendo.
Manifestó que está “decepcionada por la falta de cooperación en los últimos años de Burundi con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, lo que incluyó además amenazas a los miembros de la Comisión de Investigación internacional independiente” de la ONU en este país.
