Las protestas laborales en Bolivia contra varios decretos y leyes del gobierno, empeoraron este viernes. Choques con la Policía dejaron heridos y detenidos, abriendo además, la amenaza de los sindicatos de endurecer sus reclamos a partir de la próxima semana.
Las protestas más fuertes se registraron en el poblado de Quillacollo, vecino de Cochabamba, 400 kilómetros al este de La Paz, donde los trabajadores se enfrentaron con piedras, palos y petardos a decenas de policías que respondieron con gas lacrimógeno, según imágenes del canal privado Bolivisión.
El dirigente sindical, Víctor Quispe, señaló en conferencia de prensa que “tenemos dos heridos de bala, uno de gravedad que está en quirófano y a otro que se la disparado por la espalda”, aunque la policía negó el uso de armas de fuego.
Angel Camacho, otro dirigente sindical, aseguró por separado que “hay más de 100 (trabajadores) detenidos en el Comando” de la Policía de Cochabamba y exigió su liberación.
La izquierdista Central Obrera Boliviana (COB), la mayor unión de sindicatos del país y hasta ahora aliada del gobierno, convocó para esta semana a una huelga de 72 horas (miércoles, jueves y viernes), pero sólo se registraron marchas callejeras y cortes de ruta en cinco de los nueve departamentos del país, mientras el gobierno dijo que la paralización de labores fue un fracaso.
Los sindicatos protestaron la semana pasada con marchas y cortes de rutas. Este miércoles también se reportaron choques entre obreros y policías.
Entre tanto, el Ministerio de Gobierno (Interior) informó en Twitter que el “número de policías heridos en Cbba (Cochabamba) sube a 5. Dos coroneles con heridas en sus rostros por impactos de proyectiles de manifestantes”.
El líder de la COB, Guido Mitma, anunció que “si no vamos a ser escuchados por el gobierno, entonces no queda otra que radicalizar nuestras medidas de presión desde la próxima semana”, mientras otros sindicatos le exigen romper una alianza política con el presidente Evo Morales desde 2013.
La COB rechaza un decreto que cerró una fábrica estatal textil con unos 800 trabajadores y la modificación de otras normas relacionadas al funcionamiento de empresas públicas, pensiones y sobre derechos de funcionarios públicos.
