Parlamentarios oficialistas, la Asociación Chilena de Municipalidades y gremios de transportistas emplazaron al Gobierno a poner urgencia al proyecto de ley que busca eliminar el impuesto específico al combustible. Expertos afirmaron que suprimir este gravamen podría generar una baja importante de recursos económicos fiscales que irían en desmedro de las ayudas a las familias afectadas por la pandemia.

Se trata de un proyecto de resolución que contempla una rebaja transitoria del impuesto específico a los combustibles para personas particulares o consumidores mientras perdure la pandemia.

El diputado Cristián Moreira (UDI) y el alcalde de La Reina y presidente de la Comisión de Transportes de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), José Manuel Palacios, señalaron que dada la complicada situación de los transportistas es necesaria la aprobación de esta iniciativa.

“Recordemos que este impuesto fue impuesto en el año 86 para la reconstrucción del terremoto. Yo creo, en lo personal, que ya deberíamos, por lo menos, terminar en forma categórica con por lo menos una disminución del 50%”, indicó Moreira.

En tanto, Palacios señaló que “esto es una inyección a la vena, a muchas personas, sobre todo a la clase media, que hoy no está beneficiada por ningún tipo de bono”.

Gremios de transportistas y colectiveros afirmaron que estas continuas alzas son abusivas y que los trabajadores del rubro no pueden seguir costeándolas.

Así lo señalaron el secretario general de la Asociación Nacional de Taxis Colectivos de la región Metropolitana, Alejandro Álvarez y la presidenta de la Asociación Nacional de Transporte Escolar, Alejandra González.

Fue Álvarez quien manifestó la posición de querer pagar, “pero queremos pagar en condiciones normales y sin esa aprehensión de tener prácticamente una pistola en la cabeza por las reglas que nos están acogotando en este minuto”.

“Muchos de nosotros hemos tenido que reinventar y seguimos trabajando, y el gasto aumenta, aumenta, pero nuestro costo laboral y precariedad laboral que tenemos hoy, realmente no alcanza a cubrir las necesidades que tenemos”, sostuvo González.

Por su parte, el abogado y experto en energía, Fernando Aguero, afirmó que una eventual eliminación de este impuesto generará una caída importante en la recaudación de fondos para el sector público y que no necesariamente generaría una rebaja en los precios del combustible.

“Esto depende, ciertamente, de la competencia que hay entre las bombas de bencina y en algunos sectores puede que haya poca competencia, también podría ser por mercados que tienen poca competencia donde se utiliza el transporte y además la reducción del impuesto también podría traer ciertamente una menor recaudación fiscal”, adujo.

La iniciativa, que fue aprobada por la Cámara la semana pasada, además pretende eximir de dicho impuesto a los taxis básicos, taxis colectivos y al transporte de pasajeros de zonas rurales, también durante la emergencia sanitaria.