La Fiscalía Nacional Económica (FNE) perdió una de sus solicitudes donde buscaba que se regularan los precios de distintos servicios entregados por las empresas sanitarias en Chile, tras señalar que presentarían características de monopolio.
Son 15 servicios citados, entre los que se cuentan la recepción de camiones limpia fosas en plantas de tratamiento de aguas servidas, venta de agua potable a camiones aljibe, corte de suministro para conexión de redes de agua potable, cobro por agua perdida en la red, despacho postal de boletas y facturas y otros.
Originalmente, todo inició como una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) hace casi tres años. Sin embargo, el caso escaló y la Corte Suprema terminó por cerrar el asunto, según reveló Diario Financiero (DF), por haber usado una vía legal incorrecta.
Corte Suprema le cierra la puerta a la FNE
La Fiscalía sostuvo que hay “claras evidencias” de que estos servicios -a libre precio- son brindados con características monopólicas, por lo que se encuentra justificado que se pongan tarifas reguladas bajo la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
Sin embargo, el Tribunal estimó que la petición de incorporar este tipo de servicios no se ajusta la Ley de Tarifas Sanitarias, añadiendo que regular este tipo de servicios, que las empresas no están obligadas a prestar, contradice el sistema regulatorio, según consignó DF.
De esta forma la FNE decidió ir a la Corte Suprema, acusando que el Tribunal de libre competencia incurrió en “una verdadera abdicación de competencias”, y que la ley permite llevar servicios prestados por las concesionarias, utilizando activos esenciales del servicio regulado, a esquemas bajo regulación.
Finalmente, el máximo tribunal terminó por no dar lugar, señalando que el persecutor económico debió interponer un recurso de reclamación y no uno de hecho, concluyó DF.
Por otro lado, la FNE informó hoy que recomendó al TDLC una licitación transitoria para el Terminal N°2 del Puerto de Valparaíso, con tal de asignar su concesión y garantizar condiciones equitativas de acceso.
Esto en vez de extender la actual concesión de la empresa Terminal Portuario de Valparaíso (TPV) hasta 2029, ya que “el proceso competitivo debe seguir siendo la regla generar para resguardar la libre competencia y el interés público” en un punto clave del sistema portuario.
Además, resaltan que el terminal opera en un entorno de baja competencia y que la concesionaria ha logrado rentabilidades positivas desde 2022, cuando comenzó la concesión, lo que atraería múltiples interesados de abrirse un nuevo proceso.