Luego de dos investigaciones internas, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en contra del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) por incurrir en prácticas ilegales relacionadas a la figura de abuso explotativo.
En concreto, la FNE acusa a la entidad financiera de prácticas ilegales en la licitación del seguro colectivo de desgravamen asociado a sus créditos hipotecarios, omitiendo arbitrariamente las ofertas de menor precio, para favorecer a una opción más cara, presentada por la aseguradora BICE que opera con una de sus filiales.
De acuerdo al requerimiento, esta práctica fue sostenida por un periodo de dos años, perjudicando a más de 80 mil deudores hipotecarios que debieron pagar un sobreprecio cercano a los mil quinientos millones de pesos, en directo beneficio de BCI.
El abogado experto en libre competencia y académico de la Universidad de Chile, Francisco Aguero, explicó que el caso demuestra una innovación por parte de la FNE, que hasta ahora se había dedicado a casos de colusión, lo que representa una dificultad probatoria.
En tanto, el economista y académico de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Escobar, advierte que esta práctica abusiva es común en distintos procesos de licitación.
El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Stefan Larenas, sostuvo que estarán pendientes de este caso para evaluar acciones compensatorias, una vez emitido el fallo.
La Fiscalía también envió una recomendación normativa al Ministerio de Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero respecto al mercado de los seguros.
De comprobarse las acusaciones, BCI arriesga una multa a beneficio fiscal de tres mil quinientas unidades tributarias, equivalente a tres millones de dólares.
Tras haber sido notificados, Eugenio Von Chrismar, gerente general de la entidad financiera, señaló: “Reiteramos nuestra convicción en cuanto a que el actuar del banco se ha enmarcado permanentemente dentro de la normativa vigente. Por lo mismo, rechazamos de manera absoluta las imputaciones contenidas en el requerimiento, respecto a la actuación arbitraria y discriminatoria del banco en el proceso de licitación”.
Von Chrismar explicó que “la normativa exige que se adjudique la licitación a quien presente la oferta de menor valor y que cumpla con la totalidad de las exigencias contenidas en la normativa vigente y en las bases de la licitación para todas las empresas participantes. En este caso, la licitación no pudo ser adjudicada a la empresa que ofrecía el menor precio, ya que ésta no cumplía con los requisitos que nos exigen los reguladores”.
Asimismo declaró que “estas licitaciones son procesos que se encuentran regulados por diferentes normas legales y administrativas, debiendo los fiscalizados dar cumplimiento a ellas”.
“Nos defenderemos ante las instancias que correspondan para demostrar que hemos actuado en todo momento de manera transparente, con respeto a la reglas de libre competencia y estricta sujeción a las normas vigentes”, sentenció.
