Esta semana, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por un cliente bancario en contra del Banco Santander para que restituya más de $54 millones que fueron sustraídos desde la cuenta corriente mediante “diversas transferencias de dinero a destinatarios no conocidos, las que fueron realizadas en un lapso inferior a una hora”, según lo publicado por Pulso.
Además, agregó un llamado al sector bancario en su resolución: “Resulta del todo necesario que a partir de determinados montos preestablecidos por la propia banca, estas operaciones se lleven a cabo y concreten en forma escalonada, mediando un tiempo prudencial de espera que ratifique, confirme o verifique la autenticidad de dicha operación”.
Se trata de un planteamiento que ya ha hecho con anterioridad la Asociación de Bancos (ABIF), pero que no se ha concretado.
De hecho, se han disminuido los montos de la primera transacción.
Respecto de la resolución de la Corte Suprema, el expresidente de la Abif, Jorge Awad, argumentó que la idea, de que las transferencias de altos montos sean escalonadas, es la correcta.
Por su parte, el senador del PPD e integrante de la Comisión de Economía, Felipe Harboe, señaló que esta idea valida que no haya inversión en ciberseguridad.
En tanto, el proyecto de responsabilidad ante fraudes bancarios avanza en el Congreso: ayer se constituyó la comisión mixta para zanjar las discrepancias entre senadores y diputados respecto de esta temática.
