María Pilar Iturrieta ganó una larga batalla judicial contra las isapres. Ella es abogada y madre de una menor de ahora cuatro años, que nació con una fisura labiopalatina unilateral, patología más conocida como labio leporino.

Es afiliada a Fonasa e intentó cambiarse al sistema de salud privada para conseguir mejores prestaciones para la recién nacida. Pero fue víctima de las preexistencias y en septiembre de 2017 le rechazaron su solicitud en Banmédica, Cruz Blanca y Consalud, debido a que dicha condición previa era de “alto riesgo”.

Ante dicha situación, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pero la acción fue rechazada por 3 votos a 0. Tras ese traspié, este 9 de octubre revirtió la pelea por 4 votos contra 2. La Corte Suprema acogió el recurso y ordenó incorporar a madre e hija en un plan de su elección a la isapre Consalud, la última a la cual le fue presentada la solicitud, ya que “es la única manifestación de voluntad en tal sentido que no se ve dejada sin efecto por otra posterior y que, por ende, se encuentra actualmente vigente”.

Si bien la ley establece que las aseguradoras privadas tienen en sus manos determinar si aceptan o no a un nuevo cotizante basadas en un factor de riesgo, la resolución de la Suprema recalcó que “la libertad de contratación de ésta encuentra límite en la esencia del derecho constitucional a elegir libremente el sistema de salud, sea estatal o privado, al que la persona quiera adherirse; prerrogativa de la que no puede privar a su titular sobre la base de la evaluación del riesgo financiero que le representaría la afiliación”.

Así se resolvió la disputa. La reacción de Iturriaga fue inmediata y expresó su felicidad. “Contenta, emocionada y orgullosa. El proceso no ha sido fácil. No sólo a nivel judicial, sino también en términos personales”, relató en conversación con BioBioChile.

En esa línea, contó que en la última operación de su hija pagó cerca de 6 millones de pesos y Fonasa sólo cubrió 100 mil pesos. Eso sí, admitió que dicho padecimiento está dentro de las garantías del AUGE y es posible obtener cobertura a costo cero en el sistema público. Pero ella recibió recomendaciones de un médico particular que le dio más confianza para el tratamiento de su hija y ahí comenzó a buscar opciones de cobertura en el sistema privado.

Estrategia diferente

Anteriormente, en 2016, la misma Corte Suprema había fallado contra la acción judicial de un particular que fue rechazado en dos isapres y determinó que en ese caso no había un trato desigual. Pero Iturrieta usó una estrategia diferente. Con la jurisprudencia en contra, los argumentos los elaboró en base a resoluciones del Tribunal Constitucional, pero que se habían dictado en materia de libertad de estipulación. Es decir, temas tarifarios vinculados a los planes.

“Osea, cuando las personas lograban suscribir un contrato, y luego comenzaban a vivenciar todas las alzas en sus planes, por género, por edad. Lo particular de este caso es que yo ni siquiera había celebrado un contrato de salud con la isapre. Porque eso es lo que se me estaba vedado. Y lo que se le está vedado a todas las personas que presentamos una preexistencia se salud. No sólo propia, sino de una carga o un beneficiario”, explicó.

Eso sí, según detalló, aún falta un paso importante: la ejecución del fallo y la propuesta que Consalud pondrá sobre la mesa para zanjar la disputa.

Presión judicial al Gobierno

“Los jueces hablan a través de sus fallos, dicen los abogados. Y creo que en este caso, los jueces están queriendo decirle al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que ya no aguantamos más y se haga una reforma al sistema”, aseguró a El Mercurio el decano de Medicina de la Universidad San Sebastián y exsuperintendente de Educación, Manuel Inostroza.

En la misma línea, Pedro Barría, miembro de la comisión que propuso reformas al sistema durante el Gobierno de Bachelet, cree que la situación abre paso a dos escenarios. Primero, que otros afectados comiencen a presentar recursos de protección en la misma línea y, en segunda instancia, que la resolución acelere una reforma a las isapres.

Eso sí, el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, hizo hincapié en que el fallo es “válido sólo para esa persona” y admite que para ellos el caso “es preocupante, porque esto se suma a las dificultades que el propio tribunal les impone a las isapres en el ajuste de tarifas”.

“Motivación colectiva”

Si bien lo que se logró es un pequeño caso, Iturrieta admitió que espera que este pueda ser replicado en muchos casos más, de un modo similar a lo que ha ocurrido con la repetida judicialización de causas contra el alza en los planes de salud privados.

En su caso, naturalmente, “hay una motivación personal -a raíz de la enfermedad de su hija- y una motivación colectiva. En nuestro país cotidianamente nos enfrentamos a situaciones de este tipo. Que son toleradas”, recalcó en conversación con BioBioChile.

“La actual situación del sistema privado de salud no da para más, es vulneratorio de garantías fundamentales para todas las personas, y urge por lo tanto una reforma legal en esta materia”, remató.