Diputados solicitaron a la ministra de Energía, Susana Jiménez, que confirme que los acuerdos tomados en la Mesa de Descarbonización sean vinculantes y no voluntarios por parte de las empresas que manejan las centrales termoeléctricas.
El problema sería que la ejecución de las medidas dependerá exclusivamente de la voluntad de las empresas. Por ello, los diputados solicitaron que el gobierno opte por políticas públicas y leyes que hagan imperativo el proceso de descarbonización.
Las propuestas deberían presentarse durante el primer semestre de 2019, con un cronograma de retiro y reconversión.
La Mesa de Descarbonización comenzó a funcionar en junio de este año y está integrada por representantes del gobierno, el sector privado y la sociedad civil.
Nació por acuerdo entre el gobierno y las cuatro empresas que concentran el parque a carbón en Chile: AES Gener, Enel, Engie y Colbún. De estas, AES Gener es la que tiene mayor responsabilidad en las emisiones, pues maneja el 56% de las centrales.
El diputado Juan Santana (PS) manifestó su preocupación respecto de la poca incidencia que tendrían los acuerdos que se tomen, pues se desconoce si el Gobierno implementará políticas públicas o legislará para que se respeten la descarbonización en estos cuatro años.
A ello se sumó la diputada Daniela Cicardini (PS), quien precisó poner plazos y establecer si la mesa será vinculante, pese a ser voluntaria.
La ministra Jiménez sostuvo que será voluntario y no comprometió legislación al respecto. No obstante, se mostró optimista. “Es un compromiso político (…) Nosotros tomamos la posta, armamos la mesa de trabajo, por lo tanto tenemos un compromiso de sacarlo adelante y creemos que hay buena disposición para hacerlo”.
El impacto doméstico
Otro punto controversial fue cuando Jiménez informó sobre los resultados de un estudio de la consultora Valgesta, ligada a Ramón Galaz y al ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Andrés Romero.
El informe indica que el retiro de las centrales impactaría en las cuentas de electricidad de las comunas (donde operan las centrales) beneficiadas con rebajas tarifarias.
Cicardini sugirió considerar la mantención de dicha compensación, dado el impacto permanente en las zonas donde existen termoeléctricas, a nivel trasversal. “Muchos de sus habitantes han debido cambiar rotundamente su calidad de vida, lo cual no es recuperable”.
El documento también alertó sobre los impactos que podría tener la descarbonización en los costos marginales y preocupación con relación a la disponibilidad y capacidad en las localidades donde se podría realizar retiro de centrales.
Al respecto, la ministra de Energía aclaró que el informe de Valgesta será uno más dentro de varios que se considerarán, en relación al ámbito económico, medioambiental, de salud pública y de operación del sistema eléctrico, muchos de los cuales serán contratados por el Gobierno.
Valgesta expondrá este miércoles las conclusiones de su estudio en la Comisión de Minería y Energía del Senado.
