El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$300 millones en “apoyo a los esfuerzos de Chile por mejorar la equidad social con sostenibilidad fiscal, particularmente en el contexto de la pandemia del Covid-19″.

El banco precisó en un comunicado que lo anterior tendrá por finalidad “el incremento en los ingresos de las personas más vulnerables, una mayor suficiencia de los sistemas de pensiones solidarias y la mejora de la disponibilidad de medicamentos de menor costo, así como en la eficiencia del gasto público y la calidad del proceso de formulación presupuestaria”.

El crédito del BID de US$300 millones tiene un plazo de amortización de 16 años, un período de gracia de cinco años y medio; y una tasa de interés basada el Libor.

Esta es la primera de dos operaciones independientes en apoyo a reformas de política, aunque técnicamente vinculadas entre sí, e incluye un componente que apunta a asegurar la estabilidad macroeconómica.

El BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe.

El programa, dijo el BID, apoyará transferencias monetarias a beneficiarios de subsidios sociales y hogares pertenecientes al 60% más vulnerables, y de un subsidio al ingreso de trabajadores asalariados formales de bajos ingresos.

“También apoyará la consolidación del Sistema de Intermediación Laboral, promoviendo el uso de la Bolsa Nacional de Empleo por parte de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral a efectos de mejorar la atención a trabajadores vulnerables para acceder a empleos”, indicó el BID en su comunicado.

Serán beneficiarios de esta primera operación dos millones de personas vulnerables y trabajadores que reciben transferencias del Estado para complementar sus ingresos; y 1,5 millones de adultos mayores, a través del aumento de las pensiones solidarias.

Asimismo, serán beneficiarias las personas que compren medicamentos a menor costo -en especial las familias vulnerables- y grupos vulnerables mediante la mejora en la asignación presupuestaria de programas sociales.