Con una valoración positiva en general, la Central Unitaria de Trabajadores cuestionó el enfoque del paquete económico del Gobierno para contener el impacto de la crisis generada por la propagación del coronavirus, en materia de empleo.

La multigremial llamó a complementar la iniciativa, garantizando un resguardo efectivo de los puestos de trabajo y niveles de ingreso, en el mediano plazo.

De acuerdo a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, la suspensión del vínculo laboral a través del seguro de cesantía tendría impactos indirectos en la actividad económica.

Otro de los puntos criticados inicialmente era el del denominado “Bono Covid-19” que, según se mencionó, funcionaría al igual que el subsidio único familiar, beneficiando a quienes no mantengan un empleo formal con un aporte de 13 mil pesos por carga.

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, aclaró que, en este caso, el aporte es de 50 mil pesos, y llamó a mirar este paquete de medidas en forma integral.

Más crítico fue el economista e investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, señalando que en el contexto de esta emergencia sanitaria las iniciativas son completamente insuficientes.

De acuerdo a su análisis, el plan deja desprotegidos a los trabajadores informales, y pone una doble presión para el seguro de cesantía si es que la crisis sobrepasa un plazo de tres meses.


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En ese sentido, planteó la alternativa de generar políticas de estado más severas, como la suspensión total de cobros por servicios básicos y deudas financieras.

Respecto a la presión sobre el seguro de cesantía, al que se le inyectaron 2 mil millones de dólares para asegurar su sostenibilidad, el economista de Libertad y Desarrollo, Felipe Berger, reconoció que el riesgo estará sujeto a la contención de los contagios y la capacidad de flexibilizar condiciones laborales.

Prácticamente todos los bancos del sector privado ya han optado por aplazar el cobro de cuotas de créditos de consumo e hipotecarios, por hasta tres cuotas o hasta el vencimiento del préstamo.

El Gobierno señaló que estas acciones fueron coordinadas, mientras que en la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras no se quisieron pronunciar respecto a una suspensión general de los cobros.