Tras una investigación de la Fiscalía Nacional Económica, colegios y proveedores de uniformes escolares debieron dar fin a contratos de exclusividad contrarios que restringían la libre competencia.
Tras analizar los contratos suscritos por 99 colegios particulares pagados y subvencionados de todo el país con las empresas que producen y distribuyen los uniformes escolares, desde la FNE dijeron detectar pocos incumplimientos, los cuales, aseguraron, fueron corregidos durante el transcurso de la investigación.
Entre otras cosas, se detectó una práctica ilícita en que los proveedores y grandes tiendas de retail entregaban tarjetas de tarjetas de regalo y/o beneficios a los establecimientos educacionales, a cambio de que sus productos sean presentados o publicitados por los colegios como “oficiales”, “exclusivos” u otros términos semejantes.
Asimismo, en algunos casos se observó cláusulas en que los colegios se obligaban a informar a los padres y apoderados la existencia de un convenio con el proveedor, denominarle como “oficial”, y publicitar a la empresa por diversos medios de la escuela.
La FNE consideró que dichas cláusulas generaban riesgos a la libre competencia, por cuanto los apoderados pueden entender de dicho mensaje que existe una relación de exclusividad, permitiendo dirigir la demanda hacia ese proveedor, limitando la posibilidad de que padres y apoderados adquieran el uniforme escolar en los lugares y condiciones que más les convengan.
Otra práctica ilícita consistía en celebrar contratos de “distribución exclusiva” sin licitación previa en que ganara la propuesta que ofreciera la mejor relación precio-calidad de los uniformes escolares.
También se detectó que 2 de los 99 colegios investigados habían designado un proveedor exclusivo, sin cumplirse los procesos establecidos para estos efectos por las autoridades de competencia.
Para la indagación también fueron oficiadas grandes tiendas de retail y proveedores de uniformes, a los cuales se les requirió información sobre los contratos, además de antecedentes sobre la existencia de estímulos, incentivos o donaciones realizadas a los colegios para posicionar sus marcas.
Al cierre de su investigación, la FNE también ofició al Superintendente de Educación para solicitar que los colegios exhiban en un lugar visible a su comunidad los derechos referidos a uniformes escolares, publicados en la web de dicho organismo fiscalizador.
