Iniciativas proinversión. A través de 12 medidas, que apuntan a mejorar los procedimientos y reducir la burocracia, el presidente Sebastián Piñera espera impulsar a Chile hacia el desarrollo.
La agenda sectorial impulsada por La Moneda se agrupa en un proyecto de ley firmado este lunes por Piñera en Palacio, que espera dar paso a una discusión en el Congreso bajo la premisa que “los proyectos de inversión tardan más de 4 ó 5 años en ver la luz y los inversionistas en algunos casos deben tramitar más de mil permisos para aprobarlos”.
El jefe de Estado aseguró que esta propuesta considera iniciativas tanto de su primer gobierno, como del gobierno anterior de la expresidenta Michelle Bachelet, que quedaron estancadas en su trámite parlamentario.
En particular, el proyecto propone ajustes y modificaciones a diversas normativas que inciden en la tramitación de los proyectos de inversión. Por ejemplo, simplificando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y reforzándolo como una ventanilla única para todos los permisos que tenga que entregar el Estado para la evaluación de un proyecto de inversión.
El ministro de Economía, José Ramón Valente, subrayó que esta iniciativa no reduce los estándares, sino que sólo acelera los trámites.
A la ceremonia en la que se firmaron estos proyectos llegaron exautoridades del gobierno de Bachelet. Uno de ellos fue el otrora ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, quien dio su aprobación a la iniciativa.
Pese a ello, el gobierno realizó un fuerte cuestionamiento al desempeño en la inversión durante la administración anterior, a la que también se sumó el empresariado. El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, planteó que se requiere de una mejora en la institucionalidad.
Del mismo modo, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, sostuvo que hay un desafío mayor por delante.
El presidente Piñera, además, firmó el decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), cuyo objetivo es coordinar y agilizar el proceso de autorización de los grandes proyectos de inversión del país, sean públicos o privados.
Lo anterior, considerando que -de acuerdo a un catastro del Gobierno- los proyectos estancados totalizan 65.000 millones de dólares, los que se traducirían en la creación de unos 250.000 empleos.
