Se terminó el gallito. Tras meses de pugna entre la Contraloría General de la República (CGR) y Codelco, la Cámara de Diputados zanjó este miércoles la disputa y ratificó las facultades del ente fiscalizador por sobre la condición de sociedad anónima de la cuprífera estatal.

Lo anterior, luego que en la sesión de ayer martes la Cámara de Diputados aprobara con 86 votos a favor y 0 en contra el informe de la Comisión especial investigadora de la minera, que indagó la utilización de recursos públicos por parte de la firma, especialmente en las adquisiciones de bienes y servicios a privados durante los últimos 17 años, además de la política de indemnizaciones por término de la relación laboral de sus ejecutivos y trabajadores.

La problemática comenzó en mayo de 2017 a raíz de la consulta por el pago de 511 millones de pesos a Augusto González, un exdirector de la minera, la cual procedía como indemnización fruto de una negociación colectiva.

Tras ello, Contraloría resolvió que la estatal se rige bajo la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado y la Ley de Compras Públicas (similar a un servicio público); en lugar de la Ley de Gobierno Corporativo y la Ley de Sociedades Anónimas, bajo las cuales la cuprífera estatal se ampara para respetar el Código del Trabajo y, por consiguiente, el propio plan de retiro que le concedía el beneficio al mencionado trabajador de la compañía.

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A ello se sumó, a mediados de 2017, el resultado de una auditoría de la CGR al periodo entre 2012 y 2015, que develó la existencia de millonarios contratos entre Codelco y empresas relacionadas a familiares de altos ejecutivos por un total de 783 millones de dólares.

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De este modo, la polémica por los límites a la disposición patrimonial de las empresas estatales se acentuó, más aún cuando esta segunda indagatoria develó incluso que la cuprífera habría gastado cerca de 18 millones de pesos (unos 30 mil dólares) en la creación de viñetas de humor de Hervi, un popular caricaturista.

Bajo dicho escenario, en ese entonces, el presidente del directorio de la compañía, Óscar Landerreteche, acusó una “contradicción” de Contraloría al poner límites a la disposición de recursos por parte de empresas públicas, los que -en su opinión- pondrían en jaque a una institución que debe ser tratada como empresa.

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Pero el informe de la comisión investigadora de la Cámara le dio la razón a Contraloría y estableció que, de acuerdo a la normativa vigente, Codelco es una empresa estatal y forma parte de la administración del estado y, por tanto, debe cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y probidad.

Asimismo, recalcó que está sometida al control de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la Contraloría General de la República (de manera indirecta y directa en casos excepcionales) y los demás organismos que por ley ejercen esta función en las distintas empresas del Estado.

En suma, planteó que si bien la minera se rige por su Ley de Gobierno Corporativo y aquella que regula las sociedades anónimas, debe velar por el interés público y no por el privado. Del mismo modo, el texto recalca que en sus contrataciones tiene que tener a la vista las obligaciones impuestas por la ley de compras públicas y evitar los conflictos de intereses.

“La interpretación dada por Codelco a su marco normativo restringe las atribuciones de la Cámara de Diputados y de la Contraloría General de la República, en circunstancia que ellas se encuentran reconocidas expresamente en la Constitución Política y en la ley”, sostiene.

Por su parte, “la propuesta privada y la asignación directa de contratos por parte de Codelco sólo pueden aplicarse de manera muy excepcional, cuando existan motivos urgentes o necesarios para su eficiente y eficaz funcionamiento, debiendo informar fundadamente a la Cámara de Diputados y a la Contraloría; y con mayor precisión cuando involucre a partes relacionadas y parientes. Sin embargo, cuando se trate de servicios o proyectos de mediano y largo plazo, que involucran elevados o muy elevados montos, la Comisión estima que no hay causa legal ni de conveniencia para eludir la licitación pública, ni siquiera de manera excepcional”, añadió.