Economía
Miércoles 07 marzo de 2018 | Publicado a las 18:47
CGR dobla la mano a Codelco tras respaldo de los diputados a sus facultades fiscalizadoras
Publicado por: Jonathan Flores
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Se termin√≥ el gallito. Tras meses de pugna entre la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica (CGR) y Codelco, la C√°mara de Diputados zanj√≥ este mi√©rcoles la disputa y ratific√≥ las facultades del ente fiscalizador por sobre la condici√≥n de sociedad an√≥nima de la cupr√≠fera estatal.

Lo anterior, luego que en la sesi√≥n de ayer martes la C√°mara de Diputados aprobara con 86 votos a favor y 0 en contra el informe de la Comisi√≥n especial investigadora de la minera, que indag√≥ la utilizaci√≥n de recursos p√ļblicos por parte de la firma, especialmente en las adquisiciones de bienes y servicios a privados durante los √ļltimos 17 a√Īos, adem√°s de la pol√≠tica de indemnizaciones por t√©rmino de la relaci√≥n laboral de sus ejecutivos y trabajadores.

La problemática comenzó en mayo de 2017 a raíz de la consulta por el pago de 511 millones de pesos a Augusto González, un exdirector de la minera, la cual procedía como indemnización fruto de una negociación colectiva.

Tras ello, Contralor√≠a resolvi√≥ que la estatal se rige bajo la Ley Org√°nica de Bases Generales de la Administraci√≥n del Estado y la Ley de Compras P√ļblicas (similar a un servicio p√ļblico); en lugar de la Ley de Gobierno Corporativo y la Ley de Sociedades An√≥nimas, bajo las cuales la cupr√≠fera estatal se ampara para respetar el C√≥digo del Trabajo y, por consiguiente, el propio plan de retiro que le conced√≠a el beneficio al mencionado trabajador de la compa√Ī√≠a.

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A ello se sumó, a mediados de 2017, el resultado de una auditoría de la CGR al periodo entre 2012 y 2015, que develó la existencia de millonarios contratos entre Codelco y empresas relacionadas a familiares de altos ejecutivos por un total de 783 millones de dólares.

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De este modo, la pol√©mica por los l√≠mites a la disposici√≥n patrimonial de las empresas estatales se acentu√≥, m√°s a√ļn cuando esta segunda indagatoria devel√≥ incluso que la cupr√≠fera habr√≠a gastado cerca de 18 millones de pesos (unos 30 mil d√≥lares) en la creaci√≥n de vi√Īetas de humor de Hervi, un popular caricaturista.

Bajo dicho escenario, en ese entonces, el presidente del directorio de la compa√Ī√≠a, √ďscar Landerreteche, acus√≥ una ‚Äúcontradicci√≥n‚ÄĚ de Contralor√≠a al poner l√≠mites a la disposici√≥n de recursos por parte de empresas p√ļblicas, los que -en su opini√≥n- pondr√≠an en jaque a una instituci√≥n que debe ser tratada como empresa.

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Pero el informe de la comisión investigadora de la Cámara le dio la razón a Contraloría y estableció que, de acuerdo a la normativa vigente, Codelco es una empresa estatal y forma parte de la administración del estado y, por tanto, debe cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y probidad.

Asimismo, recalc√≥ que est√° sometida al control de la Comisi√≥n Chilena del Cobre (Cochilco), la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica (de manera indirecta y directa en casos excepcionales) y los dem√°s organismos que por ley ejercen esta funci√≥n en las distintas empresas del Estado.

En suma, plante√≥ que si bien la minera se rige por su Ley de Gobierno Corporativo y aquella que regula las sociedades an√≥nimas, debe velar por el inter√©s p√ļblico y no por el privado. Del mismo modo, el texto recalca que en sus contrataciones tiene que tener a la vista las obligaciones impuestas por la ley de compras p√ļblicas y evitar los conflictos de intereses.

‚ÄúLa interpretaci√≥n dada por Codelco a su marco normativo restringe las atribuciones de la C√°mara de Diputados y de la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica, en circunstancia que ellas se encuentran reconocidas expresamente en la Constituci√≥n Pol√≠tica y en la ley‚ÄĚ, sostiene.

Por su parte, ‚Äúla propuesta privada y la asignaci√≥n directa de contratos por parte de Codelco s√≥lo pueden aplicarse de manera muy excepcional, cuando existan motivos urgentes o necesarios para su eficiente y eficaz funcionamiento, debiendo informar fundadamente a la C√°mara de Diputados y a la Contralor√≠a; y con mayor precisi√≥n cuando involucre a partes relacionadas y parientes. Sin embargo, cuando se trate de servicios o proyectos de mediano y largo plazo, que involucran elevados o muy elevados montos, la Comisi√≥n estima que no hay causa legal ni de conveniencia para eludir la licitaci√≥n p√ļblica, ni siquiera de manera excepcional‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

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