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De los problemas de Sanhattan al centralismo que impide la elección de Gobernadores
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No tengo nada en contra de Santiago o sus habitantes, pero creo que no existe nada m√°s si√ļtico que llamar “Sanhattan” al barrio donde se concentra el poder en Chile. El nombre con el que se ha denominado al sector no hace m√°s que validar nuestra profunda falta de identidad como pa√≠s, igual que cuando nos gustaba que dijeran que √©ramos los jaguares de Latinoam√©rica.

Sanhattan es un buen ejemplo a la hora de hablar de centralismo, especialmente si consideramos la descentralizaci√≥n no solo como un fen√≥meno que empareje la cancha entre territorios, sino que tambi√©n como la √ļnica forma posible de salvar una capital que -sin saberlo- pide a gritos m√°s polos de desarrollo para nuestro pa√≠s.

Esos mismos que se quejan de los tacos, de los tiempos de traslado, de la contaminaci√≥n, a√ļn no se han dado cuenta que en la distribuci√≥n de poder a regiones y comunas est√° la soluci√≥n. Esos mismos habitantes de otros territorios, tan ajenos a las din√°micas del centro, pueden ser la llave que permita abrir las puertas a una mejor calidad de vida.

Es por eso que la descentralización debe empezar a tomarse más en serio, no solo por quienes concentran el poder político, sino que también por aquellos cuya actividad económica es esencial para el crecimiento de Chile.

En este mismo sentido, la discusi√≥n de los √ļltimos d√≠as sobre la elecci√≥n de los gobernadores regionales es de especial relevancia. De todos los sectores se han escuchado cr√≠ticas, incluso algunos han se√Īalado que este podr√≠a ser el Transantiago de la d√©cada. A pesar de todas las deficiencias que puede tener el proceso de descentralizaci√≥n propuesto por la Presidenta Bachelet, la elecci√≥n es un elemento esencial para poder descentralizar.

¬ŅPor qu√©? Hoy en d√≠a los Intendentes son designados por el ejecutivo, por lo que responden al poder central y no a la ciudadan√≠a. Si el que manda es el Presidente y es √©l quien puede designar o remover a su antojo, es l√≥gico que las demandas ciudadanas quedar√°n en segundo plano, en caso de ser diferentes a las directrices del gobierno central. Esta suerte de lejan√≠a entre la autoridad regional y la gente se evidencia en el escaso nivel de conocimiento y la percepci√≥n ciudadana respecto a la baja capacidad de la autoridad para resolver problemas. Adem√°s, la remoci√≥n o designaci√≥n de los Intendentes se debe a criterios pol√≠ticos que no se basan en las necesidades de la regi√≥n. No por nada el promedio de duraci√≥n de los Intendentes en sus cargos durante las √ļltimas tres administraciones ha sido de 1,9 a√Īos, ¬Ņqui√©n podr√≠a planificar seriamente con esa inestabilidad?

En torno a lo mismo, el hecho de que el Intendente sea designado genera consecuencias negativas a la hora de que los territorios levanten demandas regionales espec√≠ficas. Si los ciudadanos de una regi√≥n extrema necesitan -por ejemplo- un onc√≥logo infantil y eso no est√° en las prioridades del ejecutivo, ¬Ņexistir√° el Intendente que se atreva a desafiar al Presidente? En pol√≠tica son pocos los que muerden la mano del que les da de comer, gener√°ndose la imposibilidad de una negociaci√≥n fruct√≠fera. En este caso solo una de las partes es la que tiene efectivo poder.

Por todas estas razones, nuestra institucionalidad no soporta más la figura del intendente designado. Es esencial que los ciudadanos de las regiones podamos elegir a nuestra máxima autoridad para que -en resumen- sea ella la que se haga cargo de los temas de vocación regional. Pero para que se haga cargo, resulta necesario avanzar también en las competencias y recursos con los que contará la autoridad electa.

En la actualidad, la discusión principal se ha trasladado precisamente a las competencias. Este tema es bastante complejo de solucionar, especialmente teniendo en cuenta que los problemas de los gobiernos regionales son estructurales y nacen de la legislación que los regula. En palabras sencillas, la ley le otorga un marco de acción amplio al gobierno regional, pudiendo hacerse cargo del desarrollo económico, social y cultural de la región pero no le atribuye suficientes acciones concretas para ejecutar.

Las deficiencias de la ley han generado consecuencias negativas en capacidad, coordinación y colaboración, las que se han ido acrecentando a través del tiempo y que son difíciles de solucionar si el cambio legal o constitucional no se materializa con las herramientas adecuadas. Para poder abarcar responsablemente el tema de las competencias, no basta con enumerar -como quieren algunos- qué es lo que puede o no hacer el gobierno regional. La solución debe ser mucho más integral, mediante procesos y mecanismos imparciales y graduales que permitan a las regiones ir recibiendo mayores responsabilidades. La solución requiere también un cambio de mentalidad, no solo de las autoridades, sino que también de esos chilenos que viven con dolorosa naturalidad el hecho de que todas las respuestas haya que ir a buscarlas a Santiago.

Lamentablemente, en nuestro pa√≠s las cu√Īas vac√≠as prevalecen m√°s que el fondo y lo m√°s importante no siempre es lo m√°s urgente. Es por eso que la discusi√≥n se ha reducido a conocer qu√© es lo que har√° la autoridad, sin explorar lo estructural del asunto.

Tanto en la derecha como en la izquierda est√°n los que se han dedicado a criticar cayendo en el lugar com√ļn, sin propuestas, sin concesiones, sin voluntad y sin ser capaces de salir del c√°lculo pol√≠tico que generan elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina.

Con esto tal como est√°, seguir√° existiendo un solo centro. Contaminado, colapsado, estresado y con Sanhattan como su postal m√°s caracter√≠stica. Ya lo dec√≠a Nicanor: ‚ÄúChile f√©rtil provincia hacienda con vista al mar administrada x su propio due√Īo‚ÄĚ.

Guillermo Pérez Ciudad
Investigador Fundación P!ensa

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