Quemar municipalidades es como incendiar estaciones de metro. Es destruir bienes públicos que buscan construir ciudadanía: mejores medios de transporte y una infraestructura de poder local, como los municipios, que está al servicio a los vecinos y, de paso, aporta a la descentralización. Servicios públicos que, por cierto, son más imprescindibles para quienes más los necesitan, para los que tienen menos.

Lo ocurrido el fin de semana en varios municipios de nuestro sur no sólo es el paso más en una escalada de violencia, sino que muestra un nuevo fracaso de la política y la ambigüedad con la que amplios sectores encaran la violencia política.

Un coro de voces -políticos, artistas, gremios, fundaciones y un largo etcétera- han puesto el acento en lo ocurrido particularmente en Curacautín, donde un número de vecinos fue a desalojar la municipalidad ante la pasividad de una policía que no fue capaz de hacerlo antes ni evitar una refriega entre civiles. Ese coro de lo políticamente correcto ha hablado de violencia fascista, racismo, supremacismo blanco y varias consignas que, en este como en otros casos, sirve para ocultar la violencia política ejercida -y reconocida- por algunos grupos de mapuches.

Se condena el desalojo, pero no la quema ni el destrozo de las municipalidades. Nada se dice de miles de modestos ciudadanos obligados a vivir bajo la coacción de la amenaza explícita o implícita de una violencia practicada a diario y que también sirve de paraguas para negocios ilegales, como el robo de madera o la extorsión para permitir las cosechas.

Acostumbrados a irnos acostumbrando, dejamos que se instale cada vez más la lógica de la violencia que, como casi siempre, dará la razón al más fuerte, al más deshumanizado, al capaz de mejor embrutecerse para no ver en el otro a un semejante.

Lo anterior es, por cierto, la derrota de la política que, con este y anteriores gobiernos, ha llegado mal y tarde para proponer una solución al denominado conflicto mapuche que sólo podrá ser de naturaleza política. Es, también, la evidencia de que nuestra política, devenida en un tan buen negocio, no sabe de urgencias, porque quienes profesionalmente la ejercen, instalados en un estándar de vida de privilegio, no viven los apremios del ciudadano común.

Pero, además, este episodio es una nueva prueba de que, hoy como antes, hay sectores de la izquierda que siguen validando la violencia política -evidentemente sólo cuando es funcional a sus propósitos- y, por extensión, relativizando los valores de la política y la democracia. Esa validación -a veces explícita, pero muchas veces por omisión o desde cierta ambigüedad- tal vez esconde otro problema: la incapacidad para proponer soluciones a un problema tan complejo, que mejor se deja a merced de consignas fáciles y excluyentes.

Nibaldo Mosciatti