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La reforma a la justicia militar que nadie vio venir
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El 11 de noviembre pasado se promulg√≥ la ley que tipific√≥ el delito de tortura en Chile. Mucho se coment√≥ acerca de la importancia de que al fin este delito exista en la legislaci√≥n chilena, tras a√Īos utilizando el eufemismo de los ‚Äúapremios ileg√≠timos‚ÄĚ con penas que no se condec√≠an con la gravedad del delito.

Lo que no se coment√≥ es que esta misma ley, en su art√≠culo 5, excluye a los civiles de la justicia militar, no s√≥lo para el delito de tortura, sino para todos los delitos. De hecho, hoy se acaba de aprobar la ley 20.968 que reforma las competencias de la Jurisdicci√≥n Militar. ¬ŅQu√© implica esta modificaci√≥n y es suficiente para ajustar la legislaci√≥n chilena a los est√°ndares internacionales?

Justamente hoy, 22 de noviembre, se cumplen 11 a√Īos desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conden√≥ al Estado de Chile en el caso Palamara Iribarne vs. Chile. Entre las disposiciones de la Corte est√° que ‚ÄúEl Estado debe adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jur√≠dico interno a los est√°ndares internacionales sobre jurisdicci√≥n penal militar, de forma tal que en caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicci√≥n penal militar, √©sta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de funci√≥n cometidos por militares en servicio activo. Por lo tanto, el Estado debe establecer, a trav√©s de su legislaci√≥n, l√≠mites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicci√≥n de los tribunales penales militares‚ÄĚ.

Entonces, el fallo de la Corte, en lo relativo a la competencia de la justicia militar, se refiere a dos aspectos: competencia material y competencia personal.

Competencia material se refiere a la determinaci√≥n del listado de delitos que pueden ser vistos ante la justicia militar. De acuerdo a lo est√°ndares internacionales, debieran estar limitados a delitos de funci√≥n, que se refieran a aspectos propiamente militares y que solamente militares pueden cometer. Esto se encuentra actualmente regido por el C√≥digo de Justicia Militar (art√≠culo 5), en t√©rminos mucho m√°s amplios que eso. De acuerdo a dicho art√≠culo (n¬į3), la justicia militar es competente para conocer de delitos comunes cometidos por militares durante estado de guerra o campa√Īa, en acto de servicio o con ocasi√≥n de √©l, o en recintos militares.

Competencia personal se refiere a la determinación de qué personas pueden ser juzgadas ante un determinado tribunal. En este caso, de acuerdo a los estándares internacionales, no resulta procedente que personas civiles deban comparecer ante tribunales militares ni como imputados ni como víctimas. En 2010, en Chile se dictó la ley 20.477, que modifica la competencia de tribunales militares. En su artículo 1 esta ley excluyó a civiles y menores de edad de la justicia militar.

Sin embargo, esta norma se interpretó en muchas ocasiones en el sentido de que esto excluía a los civiles de la justicia militar en calidad de imputados, pero no en calidad de víctimas, pues si el imputado era militar, debía primar la norma de competencia del artículo 5 del Código de Justicia Militar. El efecto práctico más relevante de esto es que, tratándose de denuncias de violencia policial cometidas por carabineros en contra de civiles, se entendía que el tribunal competente era la justicia militar, lo cual redundaba en una persistente impunidad de este tipo de denuncias. Pese a una reciente tendencia jurisprudencial de traspasar este tipo de causas a la justicia ordinaria, la ausencia de una reforma legal mantenía el tema en la incertidumbre.

Y aquí viene la modificación relevante que se promulgó hace algunas semanas.

Sin que nadie lo publicitara, ni siquiera fue comentado por la presidenta en su discurso en el acto de promulgaci√≥n, la ley que tipifica el delito de tortura incluye un art√≠culo 5, que modifica el art√≠culo 1 de la ley 20.477 antes referida. De acuerdo a esta modificaci√≥n, el nuevo art√≠culo 1 dir√°: ‚ÄúEn ning√ļn caso, los civiles y los menores de edad, que revistan la calidad de v√≠ctimas o de imputados, estar√°n sujetos a la competencia de los tribunales militares. √Čsta siempre se radicar√° en los tribunales ordinarios con competencia en materia penal‚ÄĚ (la frase en cursiva es el texto nuevo que se incorpora con la modificaci√≥n aprobada).

Por tanto, tras esta modificación, el elemento de la competencia personal quedaría definitivamente claro: nunca más una persona civil debiera verse obligado a comparecer ante tribunales militares, ni como víctima, ni como imputado.

Esta modificaci√≥n no era parte del proyecto de ley original. Fue incorporada en el bolet√≠n de indicaciones publicado en septiembre de 2016 en el marco de la discusi√≥n en el Senado y, seg√ļn consta en el informe de la Comisi√≥n de Constituci√≥n, Legislaci√≥n, Justicia y Reglamento del Senado, fue aprobada por unanimidad de la comisi√≥n tras una breve discusi√≥n. Fue as√≠ que la nueva norma lleg√≥ a ser aprobada en las instancias posteriores y fue promulgada por la Presidenta.

¬ŅEs esto la soluci√≥n a todos los problemas planteados en relaci√≥n al uso de la justicia militar en Chile?
No del todo.

Por una parte, la preocupaci√≥n en relaci√≥n a la competencia material se mantiene. Esto implica que delitos comunes cometidos por militares o carabineros mientras est√©n en servicio, podr√≠an ser vistos en justicia militar, lo que genera est√°ndares diferentes que no se justifican. As√≠ por ejemplo, podr√≠a ser que el actualmente llamado ‚ÄúMilicogate‚ÄĚ termine siendo visto ante la justicia militar, siendo que no se trata de delitos propiamente militares.

Por otra parte, la preocupaci√≥n en relaci√≥n a la persistencia de impunidad en torno a denuncias por violencia policial no se termina con el solo hecho de traspasar todas estas causas a la justicia ordinaria. Esto implica asegurar a la Fiscal√≠a y tribunales los recursos suficientes para que estos casos se investiguen y eventualmente se sancionen de manera efectiva e imparcial. Amnist√≠a Internacional recomend√≥ tambi√©n, entre otras cosas, la creaci√≥n de una unidad especializada dentro del Ministerio P√ļblico que investigue los casos de violencia policial tomando en cuenta sus complejidades, y habida consideraci√≥n la estrecha relaci√≥n de trabajo que existe entre la Fiscal√≠a y Carabineros para la investigaci√≥n de delitos.

No obstante lo anterior, esta modificación es una excelente noticia. Ya el sólo hecho de sacar a civiles víctimas de violencia policial de la jurisdicción de la justicia militar, es un primer paso para garantizar un juicio justo, que no sea llevado por personas que en definitiva son juez y parte y que dé garantías mínimas de independencia e imparcialidad. Y es un paso adelante largamente postergado.

Por Ana Piquer
Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile

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