La invocación de la ley antiterrorista en el caso de los 4 comuneros acusados de quemar una iglesia evangélica en la AraucanÍa es más que un simple error procedimental. Lo más alarmante sería que el impasse fuese la muestra de una división profunda en las filas del oficialismo. Una división sobre cómo se asume que grupos organizados hayan optado por el uso de la violencia en democracia, violencia pretendidamente validada por el apellido de “política”.