Este miércoles, distintas bancadas de oposición confirmaron que presentarán una Acusación Constitucional (AC) contra el exministro de Energía, Diego Pardow, tras el error en el cobro de tarifas eléctricas que habría afectado a millones de hogares en los últimos años.
El anuncio fue realizado a través de una declaración pública firmada por las bancadas de la UDI, RN, Evópoli, Republicanos, Nacional Libertarios, Demócratas, Amarillos y el Partido Social Cristiano (PSC).
Según acusan los parlamentarios, el alza “injustificada y desproporcionada” en las cuentas de la luz se originó por una falta de control y supervisión por parte del exministro Pardow y de las autoridades competentes.
Cómo funciona una Acusación Constitucional en Chile
La actual Constitución detalla que esta figura jurídico-política puede interponerse hacia gobernadores, ministros de Estado, magistrados de tribunales superiores de Justicia, el contralor general de la República, generales o almirantes, y delegados presidenciales.
La Acusación Constitucional debe ser presentada por un grupo de 10 a 20 diputados mientras el funcionario está en pleno ejercicio de sus funciones o hasta 3 meses después de abandonar el cargo; tiempo en el que no podrá abandonar el país sin acuerdo de la Cámara. En el caso de los presidentes, el plazo para presentarla tras dejar el gobierno es de 6 meses.
Una vez presentada la acusación, la Cámara de Diputadas y Diputados tendrá que elegir una comisión de 5 integrantes, que informen si procede o no la AC. Una vez que sea notificado el o la afectada, tendrá hasta 10 días para acudir en persona a defenderse o hacerlo por escrito.
Luego, el proceso contempla un plazo para que la comisión estudie y se pronuncie sobre la acusación, así como sesiones diarias de la Cámara para ocuparse de la acusación. Antes de que comience el debate oficial, “el afectado podrá deducir, de palabra o por escrito, la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala”.
Si la cuestión previa es acogida por la Cámara, la Acusación Constitucional llega a su fin; de lo contrario, continúa. Finalmente, el organismo votará su admisibilidad.
Cuál es la sanción tras terminado el proceso
El Senado también ejerce un rol en las acusaciones constitucionales y es de jurado. En este caso, deberá declarar si la autoridad o exautoridad es culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa.
El veredicto deberá provenir de la mayoría de los senadores en ejercicio, y por los dos tercios si se trata de una AC contra un presidente o un gobernador.
En caso de que se declare culpabilidad, la persona acusada será destituida de su cargo y no podrá desempeñarse en funciones públicas por 5 años.
“El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares”, sostiene la Constitución.