Organizaciones por los Derechos Lingüísticos de naciones originarias se reunieron esta mañana a las afueras del Ministerio de Educación, para hacer entrega formal de un recurso de protección interpuesto en contra del presidente de la república, Sebastián Piñera, el Ministerio de Educación, Raúl Figueroa, y la Contraloría General de la República. Todo esto a raíz del decreto ministerial que modifica el estatus de la asignatura Lengua Indígena de obligatorio a optativo, condicionándolo al consentimiento de los apoderados.
Entre las personas que respaldan este recurso de protección se encuentra Elisa Loncon Antileo, investigadora y doctora en Lingüística, quien describió la situación como una muestra de “discriminación institucional”.
“El racismo y el colonialismo son parte de la agenda neoliberal de este gobierno. El trabajo que hemos desarrollado durante décadas lo quieren borrar con un decreto”, señaló la actual candidata a constituyente por escaños reservados.
Esta acción convocó a organizaciones Mapuche, Quechua y Aymara, las cuales adhirieron al recurso. Jeannete Pacheco Campos, miembro de la Asociación Aymara Quechua Jac’ha Marka, se refirió a la medida como un “lingüicidio”.
“Cómo es posible que nos imponga la enseñanza de lenguas extranjeras y nosotros que estamos presentes hace miles de años no se nos da prioridad. El Estado merma la posibilidades de revitalizar nuestras culturas y nuestras lenguas”, comentó la educadora Quechua.
Uno de los temas centrales expresados en la declaración leída esta mañana, es que el decreto afecta el principio de progresividad en materia de derechos humanos, lo que implica un retroceso en el ejercicio del derecho lingüístico en el sistema educativo porque deja a criterio de los apoderados el aprendizaje de la lengua.
El recurso de protección en defensa de la asignatura de Lengua Indígena, admitido en la Corte de Apelaciones de Santiago, exige al presidente, al ministerio y a Contraloría entregar todos los antecedentes de la consulta y el decreto en un plazo de 5 días hábiles.
Juan Pablo Arrué, miembro de la Cooperativa Jurídica Inkachefewen, señaló: “Nos encontramos no solo ante vulneraciones de derechos fundamentales, sino ante un abandono y un apartamiento por parte del Estado de sus obligaciones contraídas por en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas, establecidas en la La Ley Indígena 19.253 y en el Convenio 169 de la OIT”.
Las organizaciones adherentes son la Asociación Mapuche Witrapürran, Villa Alemana; la Asociación Mapuche Kiñe pu Liwen, La Pintana; la Asociación Mapuche Antümapü, Quilpué; y la Asociación Aymara Quechua Jac’ha Marka.
“Mediante la promulgación y publicación del Decreto N° 97 del Ministerio de Educación publicado en el Diario Oficial con fecha 9 de febrero de 2021, (se) materializan las vulneraciones de derechos fundamentales de los educadores tradicionales que imparten la asignatura de lengua indígena, al dejar en rango optativo y a criterio de los apoderados la enseñanza de las lenguas maternas”, explicaron mediante una declaración pública.
