La Propuesta para un modelo integral de conservación del Patrimonio Urbano del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) fue dada a conocer a fines de 2017 y, en vísperas que el gobierno entregue una propuesta de nueva Ley del Patrimonio, resulta un antecedente que puede ser, incluso, peligroso.

La propuesta, en la que no se explicita qué puntos de ella fueron apoyados en forma unánime y en cuáles hubo diferencias presenta un diagnóstico general y una serie de propuestas, algunas de ellas acertadas, algunas incompletas y otras que, más que dudas, debieran encender verdaderas alarmas.

Lo anterior es particularmente preocupante si se quiere cambiar la “Ley del Patrimonio”, algo más que necesario, siempre que vaya por buen camino.

El primer punto que salta a la vista es que se remite a definiciones del PNUD (bastante amplias y generales) pero no hace una bajada a la realidad local o planteando cómo hacer ese ajuste a nuestra realidad local. Esa bajada es responder qué somos para poder definir qué protegemos.

¿Propuesta para las inmobiliarias?

La Propuesta para un modelo integral de conservación del Patrimonio Urbano del CNDU en ningún momento menciona y menos propone formas para poner resguardos frente a inmobiliarias, empresas y especuladores del suelo que sólo buscan el lucro y son los principales enemigos del patrimonio cultural. Hoy en día el mayor peligro para el patrimonio es el tiempo que pasa entre que surge el interés por proteger un bien cultural y el momento en que ello logra concretarse aquello, periodo que muchas veces es utilizado para demoler o para presentar proyectos de construcción que anulan toda gestión protectora. La Propuesta no sólo no aborda el tema, sino que propone mecanismos más lentos, engorrosos.

Otro punto en extremo riesgoso es que el documento propone re-evaluar todo el Patrimonio Cultural declarado a la fecha, para someterlo a las nuevas categorías que propone. Si bien revisar lo declarado es algo que debiera hacerse incluso periódicamente, resulta grave a la luz de una Propuesta que insiste en flexibilizar las medidas que protegen al Patrimonio e insinúa que mucho ha sido declarado “como herramientas de planificación y la judicialización de proyectos”, es decir que no están protegidos por sus méritos como patrimonio sino por otras razones.

Categorías insuficientes

La Propuesta para un modelo integral de conservación del Patrimonio Urbano del CNDU avanza en otros terrenos que acentúan esta sensación de duda: plantea fijar categorías para el patrimonio en Patrimonio Local, Patrimonio Regional, Patrimonio Nacional y Patrimonio Mundial.

Estas categorías, siendo un avance frente a lo que existe hoy (en que no hay diferencias entre distintos tipos de Monumentos Nacionales, por ejemplo), son del todo insuficiente. Un ejemplo: El Palacio de La Moneda y la sede del Colegio de Arquitectos en Santiago (como máxima obra de arquitectura Art Nouveaux en Chile y diseño de Luciano Kulczewski, uno de los más importantes arquitectos del país) debieran ser Patrimonio Nacional. Sin embargo, es obvio que el valor de uno, en términos arquitectónicos, históricos y simbólicos son incomparables con el del otro. Lo anterior implica que debiera haber diferencias dentro de una misma escala.

¿Caos institucional?

La Propuesta plantea que sólo el Patrimonio Nacional y Patrimonio Mundial quede a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Patrimonio (Servicio Nacional del Patrimonio) y la Seremi respectiva. Las otras dos categorías quedarían a cargo de la Seremi Minvu, de la Unidad de Planificación Comunal (es decir de los municipios) para el Patrimonio Local y de la Unidad de Patrimonio Regional al interior de la División de Planificación (Gore) en el caso del Patrimonio Regional.

En otras palabras, divide los encargados del Patrimonio entre municipios, Gobiernos Regionales, Minvu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta división pareciera ser poco operativa y despegada de la realidad. La realidad ha mostrado que estas instancias tienen criterios y miradas distintas (muchas veces tensionadas por diferencias políticas y de liderazgo), y es evidente que los municipios no tienen las capacidades (que pueden adquirir) ni los recursos para hacerse cargo del tema. Vale recordar que, para el terremoto de 2010, cerca de un 30% de los municipios no tenían Director de Obras. En ese contexto, ¿qué posibilidades tendrán de tener especialistas en Patrimonio? Baste pensar en cuántos municipios han aprendido en este ámbito. Pensemos en Valparaíso o Castro, para saber que los avances -en ciudades con Patrimonio de la Humanidad- son muy lentos.

Tampoco debemos olvidar que las instituciones tienden a atrincherarse en sus cuotas de poder, lo que, con la fragmentación propuesta, harían muy difícil que las distintas instancias funcionen en forma fluida.

Una “lógica” poco lógica

La Propuesta también plantea que las nuevas protecciones deben ir escalando desde la declaratoria local a la regional, para luego poder ser declarado como Patrimonio Nacional. Con esa lógica ¿qué posibilidad hay de miradas generales, interregionales o nacionales? Si se levantara proteger, por poner un ejemplo, el patrimonio que de cuenta del aporte de los palestinos en Chile, habría que ir municipio por municipio para que incorporen en su Plan Regulador esos bienes patrimoniales para lograr un todo coherente. Visto así, parece absurdo.

En otras palabras, no plantea ninguna instancia de miradas más amplias, que tome macrozonas o el país, o que pueda plantear patrimonio inter-estados (como puede ser en la Patagonia, involucrando a Chile y Argentina).

Comunidades poco presentes

La Propuesta, finalmente, no menciona a las comunidades, que son la fuente primera que debe sentirse reflejada en el patrimonio protegido, salvo en procesos participativos como los que hacen los municipios para modificar sus planes reguladores y que, en la práctica, han sido bastante deficitarios y en algunos casos desastrosos. El vínculo entre comunidades y patrimonio requiere de procesos más serios, profundos, dinámicos y continuos.

En el fondo, las comunidades aparecen como un trámite. Y eso puede ser grave si la Propuesta no hace ninguna mención al cambio institucional del actual Consejo de Monumentos Nacionales, donde el actual gobierno, aparentemente, quiere reducir de los 23 consejeros (donde hay funcionarios públicos -MOP, Minvu, Museo de Bellas Artes, Archivo Nacional, entre otros- pero también del Colegio de Arquitectos, de la Universidad de Chile o Colegio de Arqueólogos, por mencionar algunos), por sólo algunos funcionarios públicos y unos pocos expertos.

La Propuesta para un modelo integral de conservación del Patrimonio Urbano del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano genera más dudas y temor que un sentimiento de esperanza.