Un grupo de 10 instituciones culturales colaboradoras del Estado hicieron un llamado a dejar sin efecto los recortes presupuestarios anunciados para el sector en 2021.

“Nos encontramos en momentos de grandes dificultades en Chile. La pandemia Covid 19, la debacle económica y laboral y la incertidumbre respecto de cuándo podremos superar los riesgos sanitarios han sumido al sector cultural -como a muchos otros- en una crisis de dimensiones incalculables”, se lee en una declaración pública que comenzó a circular ayer en diversas plataformas.

La misiva está firmada por algunos de los espacios más influyentes del país, como el Centro Cultural Gabriela Mistral, Centro Cultural La Moneda, Centro Cultural Matucana 100, Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven, Fundación Teatro a Mil, Museo Chileno de Arte Precolombino, Museo Violeta Parra, Parque Cultural de Valparaíso, Teatro Biobío y el Teatro Municipal de Santiago.

“La imposibilidad de activar los espacios culturales en todas las regiones del país, de dar continuidad a programas de impacto en la educación, de desarrollar programación relevante para la economía del sector, además de las exigencias de sostener grandes inmuebles de propiedad pública sin poder producir recursos, entre otras obligaciones, configuran un escenario negativo que, para ser remontado, debe contar con políticas de sostenibilidad y de desarrollo acordes con las circunstancias”, sostienen.

A su vez, destacaron el carácter paradójico de la medida: “Nos parece que en sus ajustes, el presupuesto 2021 en Cultura no se condice con el tremendo impacto de la pandemia en la actividad artística y cultural del país”

De acuerdo a datos del colectivo, el diseño presupuestario anunciado por el Ministerio de las Culturas se ha traducido en una rebaja de los financiamientos de diversas instituciones, que irían de un 8% a un 20%.

“Esta disminución es una medida regresiva que afecta gravemente a un sector para el cual los procesos de desarrollo y sus resultados son de largo y sostenido aliento”, recalcaron.

“Para contribuir a la formación de una ciudadanía consciente, diversa y participativa es imprescindible una estabilidad presupuestaria que permita que los programas que sostenemos cumplan su ciclo total de vida”, añadieron.

Luego, hicieron hincapié en las complejidades para programar carteleras en el marco de la pandemia. “La programación cultural es un asunto que se diseña e implementa con años de antelación para tener así impacto en los territorios en que trabajamos”, señalaron.

“Parte significativa del patrimonio material e inmaterial de Chile está al cuidado de varias de nuestras instituciones, junto a colecciones de enorme valor patrimonial y económico. Las experiencias artísticas que proveemos contribuyen a crear comunidad y sentido de pertenencia, fortalecen identidades y hacen de nuestros bienes culturales cartas de presentación cuya excelencia nos da visibilidad en un mundo competitivo y globalizado”, agregaron.

“El mismo Estado que nos mandató a cumplir este rol fundamental para el cumplimiento de la política pública y se comprometió en ‘asegurar la sostenibilidad de los espacios culturales públicos e independientes’, propone un recorte que reduce nuestra planificación en materia de fomento de la participación cultural”, lamentaron.

Desde el grupo, destacan que “en esta pandemia, los espacios no formales de educación han cobrado gran relevancia. Las audiencias han buscado ávidamente espacios de reflexión, encuentro y diversidad de contenidos que permitan ampliar mundos, movilizar saberes y acceder a espacios de esparcimiento y aprendizaje, así como a valorar el tiempo que se dedica a actividades de esta índole”.

“El año 2020 dejamos de percibir auspicios e ingresos propios por arriendo de espacios, venta de tickets, talleres, etc. El año 2021 será igualmente crítico. Un recorte presupuestario de parte de los fondos del Estado fulmina un gran número de proyectos artísticos de carácter socio-cultural y territorial: en distinta forma y grado cada institución y su realidad disminuirá los programas y actividades, deberá reducir equipos de trabajo y aumentará la cesantía con el riesgo de caer en mayor precarización de artistas, técnicos y profesionales”, detallaron.